El grupo parlamentario del PAR en las Cortes ha presentado hoy su propuesta de Ley del Taxi en Aragón que tiene como objetivo otorgar un marco jurídico estable al sector y que, entre otras medidas, limita el número de licencias a una por conductor y establece de manera fija las tarifas del servicio.

El presidente y portavoz del PAR en las Cortes, Arturo Aliaga, y la diputada del mismo grupo Elena Allué han explicado hoy en rueda de prensa el contenido de esta norma que busca velar por la calidad, la seguridad y la modernización de un sector "clave para garantizar la movilidad", como ha explicado Aliaga.

Según Allué, la limitación de licencias a una por conductor tiene como fin acabar con la acumulación de estos títulos y "ayudará a la profesionalización" del sector aunque, ha detallado, su propuesta de Ley contempla que en casos como enfermedad, pérdida del permiso de conducción o invalidez, entre otros, sí que se podrá explotar la licencia contratando a un asalariado que realice el servicio.

De la misma forma, Aliaga ha apuntado que se contempla un periodo transitorio para adaptar la acumulación de licencias y que no supondrá la supresión de estos títulos a quienes ya tengan varios.

Allué ha indicado que el establecimiento de las tarifas se realizará de manera fija y las variaciones en las mismas se llevarán a cabo conforme al IPC del transporte urbano nacional de manera anual.

También establece la proposición del PAR el número máximo de licencias de taxi por municipio, de tal forma que localidades con una población igual o inferior a 50.000 habitantes podrían otorgar una por cada 2.000 personas; las que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes, una por cada 1.500 y, por último, los ayuntamientos con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, una por cada 600.

Como sucede en el caso de la limitación por conductor, la propuesta establece que no existirá obligación de disminuir el número de licencias actualmente existentes.

Precisamente, la diputada ha informado que actualmente Aragón cuenta con cerca de 2.000 licencias de taxi, de las que 1.777 pertenecen a la ciudad de Zaragoza, 57 a la capital oscense, 17 a Teruel y doce y una a los municipios zaragozanos de Calatayud y Cuarte, respectivamente.

Otra de las medidas que acoge el texto es la implantación de áreas territoriales de prestación conjunta, de tal forma que los titulares de una licencia de un municipio puedan prestar en otro el servicio, siempre que sean zonas en las que exista influencia recíproca entre los servicios de taxi.

También establece la iniciativa la constitución de un consejo aragonés del taxi que cumpla las funciones de foro para el sector y en el que, de forma unitaria, se pueda negociar con las administraciones.

En cuanto a la calidad del servicio, se establece la incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas en los vehículos como la inclusión de sistemas de navegación, otros de pago y facturación automáticos, la reducción del ruido o la potenciación de modelos de baja contaminación.

Allué ha destacado que éste es el proyecto de Ley "que quiere el sector", un colectivo que se ha visto, a su juicio, muy afectado por la crisis y por la aparición de otros servicios al margen de la legalidad.

Para Aliaga, la normativa vigente de servicios urbanos de transportes, de 1979, está "obsoleta", por lo que ha insistido en la necesidad de un nuevo texto para regular un servicio público "esencial para la movilidad en la ciudad y en el medio rural".