El PAR ha presentado una proposición no de ley en las Cortes para que se estudie la posibilidad de crear una casilla en la declaración de la renta para que los contribuyentes puedan destinar al menos el 10 por ciento de su IRPF a políticas activas contra la despoblación en sus municipios de origen.

En rueda de prensa, la diputada Elena Allué ha explicado que la mayoría de los aragoneses proceden de un municipio de la comunidad, que visitan frecuentemente y hacen uso de sus instalaciones y actividades, pero no contribuyen a su mantenimiento.

"No queremos que nuestros pueblos desaparezcan, aunque no vivan nuestros hijos", ha reiterado, y ha señalado que los ciudadanos desean que aquellos que han decidido vivir allí lo puedan hacer en unas condiciones "justas" y "dignas".

Por ello, ha urgido a tomar medidas de discriminación positiva hacia el medio rural, como esta casilla con "doble check" para destinar parte del IRPF a políticas activas contra la despoblación, que funcionaría de forma similar a la casilla de la Iglesia o la de fines sociales.

Estos fondos irían destinados a los propios municipios, que serían los que los gestionarían.

En la iniciativa, además, se pide al Gobierno de la nación que se comprometa con la lucha contra la despoblación, introduciendo en los indicadores de necesidades de gasto del nuevo sistema de financiación autonómica común un contrapeso mayor a las zonas despobladas de España.

Por último, insta al Estado a revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para corregir criterios que perjudican a Aragón, que fue la única comunidad autónoma despoblada que quedó fuera porque se tuvo en cuenta para acceder a estas ayudas únicamente el PIB regional.

Así, los aragonesistas reclaman que se haga efectivo "de una vez por todas" el principio de solidaridad y que el Gobierno autonómico sea "más duro" en su exigencia para modificar estos criterios.

Allué se ha mostrado convencida de que la iniciativa contará con el apoyo de la mayoría de alcaldes y concejales de todos los partidos políticos, que necesitan medidas "valientes y decididas" por parte del Estado.

Ha hecho hincapié en los datos "sobrecogedores" de evolución demográfica, en los que una cuarta parte de los municipios aragoneses aparecen en una "situación terminal", 532 de ellos cuentan con menos de 500 habitantes y la media de edad de aquellos de menos de un centenar es de 60 años.

La previsión para los próximos 10 años es que España pierda 2,6 millones de habitantes debido a la intensificación del proceso de envejecimiento, la aceleración del descenso de la natalidad y el saldo migratorio negativo.

En 2023, habrá previsiblemente un millón menos de niños por debajo de los 10 años y se espera para ese mismo periodo que la población aragonesa decrezca en un 5,7 por ciento, en línea con la media nacional.

Estos datos quedan reflejados en la densidad de población de Aragón, de 28 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 92 del conjunto de España, que bajan hasta 9,2 en la provincia de Teruel y 12 en la de Huesca, y hasta menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado en comarcas como la del Maestrazgo o Sobrarbe.

Por otro lado, de cara a la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que se celebra hoy en Zaragoza, Allué ha abogado por que se resuelva primero la cuestión de la financiación autonómica, para lo que ha reivindicado las herramientas previstas en el Estatuto de Autonomía, como el artículo 108, para que Aragón cuente con un fondo que supla los déficits que sufra en el régimen común.

La diputada del PAR ha confiado en que se extraiga "el máximo" de la esencia del Estatuto para tener un Aragón "más fuerte y con un mayor peso específico", porque merece, por población y territorio, "más y mejores" infraestructuras y financiación, algo en lo que siempre ha salido "mal parado" con independencia de quien gobierne en Madrid.