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CON UN PAR DE RAZONES

"En época electoral sólo dos ciudades debaten sobre urbanismo: Zaragoza y Marbella", dijo Meroño.

LOLA EsterLOLA Ester
21/04/2006

 

El juez Albar ha dado la razón al PAR y sostiene que ha paralizado las obras de La Romareda porque podrían ser perjudiciales para la ciudad. El magistrado estima que la ley exige precios ciertos, y a juzgar por sus argumentos parece que está algo escaldado con la política urbanística de esta ciudad, con las permutas, con las cesiones y con determinadas pantallas sociales que sirven, al menos durante un tiempo, para ocultar unos pelotazos de escándalo. Por mucho chandrío que pueda ocasionar la decisión del juez, al menos los ciudadanos podrán felicitarse por el repentino cambio que ha experimentado el PAR en su política urbanística. Y es que muchos tendrán que pellizcarse a partir de ahora al ver a los responsables de este partido levantar el estandarte del suelo limpio.

Cuando en mayo de 1999 Rudi, que gobernaba con el PAR, sacó adelante su Plan General con el único apoyo de IU (sí, he escrito Izquierda Unida), el entonces portavoz regionalista, Francisco Meroño, justificó la abstención de su partido porque en época electoral, dijo, "sólo dos ciudades debaten sobre urbanismo: Zaragoza y la Marbella de Gil". Lo de Meroño fue sólo una frase para que constara en el acta del pleno, porque de sobra sabía que las decisiones urbanísticas más sandungueras de esta ciudad se han producido en periodo preelectoral, cuando el debate está viciado y los ciudadanos se tapan los oídos para no escuchar el grillerío político. En uno de los últimos consejos del primer gobierno autonómico del PAR la DGA adjudicó directamente, y por un precio simbólico, a Grancasa 76.000 metros cuadrados en el Actur con el fin de impulsar el pequeño comercio y resarcir así a los comerciantes zaragozanos del impacto de las grandes superficies. Algunos discreparon del carácter moral de aquella operación pero nadie discutió el espíritu. Así vendía la historia el asesor jurídico y secretario de Grancasa, Isabelo Forcén, que desarrolló las gestiones con la DGA en su condición de diputado del PAR. Forcén, destacado militante de este partido y asesor jurídico de varias inmobiliarias, sabía lo que se llevaba entre manos. Así que cuando Grancasa fue vendida a la inmobiliaria Filo todo el mundo se llevó las manos a la cabeza pero nadie pudo mover un dedo porque la operación era absolutamente legal. La idea original de Grancasa se había prostituido, pero cuando se putea con todas las de la ley no hay cristiano que lo resista. A lo mejor el juez Albar se convierte en el primer cruzado y pone firme a todo el mundo, incluidos los conversos.

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