Colgar el cartel de se vende a un amplio espectro de propiedades municipales conlleva, a veces, que los intereses privados que surgen no sean los que más convienen a los intereses del ayuntamiento. Por mucho que una inyección de liquidez de más de un millón de euros vinieran bien a las arcas públicas. Así podría definirse la situación que se plantea con el edificio del antiguo taller de los hermanos Albareda, en la calle Miguel Allué Salvador, de Zaragoza, por el que un particular está dispuesto a pagar cerca de 1,3 millones de euros para convertirlo en su residencia habitual.

El problema es que su calificación es de equipamiento público y necesitaría el consentimiento del ayuntamiento, que no está dispuesto a recalificarlo ni a venderlo porque lleva desembolsados en este inmueble más de 3,5 millones de euros. Además, tampoco está de acuerdo en las condiciones que quiere marcar el comprador, que renunciaría al derecho de edificar seis plantas más (ahora tiene la planta baja, un semisótano y una altura), dejándolo en poder del consistorio, que tampoco podría hacer uso de él sin su permiso.

Una operación ruinosa para los intereses municipales, desde el punto de vista económico y que, por otro lado, podría tener consecuencias legales más perjudiciales aún. En primer lugar, porque en el escaso margen de diez años volvería a calificar como residencial un inmueble que tuvo que pasar a equipamiento municipal para evitar la construcción de una discoteca, aparte de desembolsar más de dos millones de euros en la expropiación del mismo (esta recalificación era la única vía de materializar esta venta forzosa). Además, al anterior propietario le ampara la ley por el llamado derecho de reversión, por el que el edificio podía volver a sus manos por la mitad de lo que le pagaron en la expropiación.

POLÉMICAS Aparte, este nuevo cambio en su calificación podría acarrear responsabilidades jurídicas para el responsable municipal que lo firmara, sobre todo si se firma una venta por la mitad de lo que lleva gastado el ayuntamiento en este inmueble.

Y es que el consistorio se ha hecho con la propiedad de este edificio a golpe de polémicas suscitadas sobre su futuro uso. Y dos pagos se han realizado en poco más de diez años: uno, por el derecho a edificar hasta seis plantas más, por el que se abonó más de un millón de euros en el 2001 cuando tenía la calificación de residencial y se podían levantar hasta siete alturas; y otro, de más de dos millones, cuando compró la superficie ya construida en una expropiación forzosa para evitar la creación de una discoteca en la zona.

Sin embargo, el particular que ahora se ha interesado por los antiguos talleres de los hermanos Albareda no quiere comprar el derecho a edificar seis plantas más. No quiere que entre en un lote que encarecería su compra por un derecho del que no tiene ninguna intención de hacer uso. Básicamente, porque lo único que pretende, tal y como ya ha manifestado al consistorio, es acondicionar el inmueble para que sea su residencia habitual.

Por todo, desde el consistorio aseguraron ayer que no se ha movido ni un papel para recalificar el inmueble y que, aunque este podría ser uno de los que finalmente se vendiera a intereses privados, desde luego no se hará por un precio tan gravoso para el consistorio ni sin que medie un concurso público por medio para adjudicarlo.