Puede que la oposición no tenga que agotar el plazo de un mes dado ayer por la presidencia y vicepresidencia de Ecociudad para que todo el protagonismo de la comisión de investigación se traslade del salón de plenos a los juzgados de Zaragoza. La razón es la posible judicialización de las responsabilidades que se deriven de unas conclusiones que ya dibujan los posibles argumentos jurídicos en los que basar una denuncia, la del gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, que toda la oposición da por segura.
No es baladí que algunas de las conclusiones que hoy se incorporan al dictamen final hablen de las posible «responsabilidad penal derivada de la adopción de acuerdos nulos de pleno derecho a sabiendas de ello» (fácil de identificar el delito) o el «uso espurio de la figura jurídica de la información reservada», o la «desviación de poder» que esto significa. Esta, en concreto, es del PSOE. También se alude a los «argumentos y motivos falsos o tergiversados» para cesar a Portero. O las «presiones y coacciones» al gerente. O el «montaje documental y testifical destinado a construir una apariencia de delito» para ir a Fiscalía sin que los acusados pudieran defenderse.
Supuestos de acoso laboral, administración desleal, prevaricación... ¿Habrá denuncia como todos los partidos creen?
