Peña: "El sistema concesional elegido para la depuración no era viable"

Peña ha comparecido hoy ante la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas para exponer el contenido del informe fiscalizador del Instituto Aragonés del Agua (IAA) correspondiente al ejercicio de 2015, que descubrió importantes irregularidades en la gestión del plan de depuración que han motivado la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento aragonés.

Durante su intervención, Peña ha puesto en evidencia que la comunidad autónoma no ha cumplido "en toda su extensión" las obligaciones adquiridas en 2008, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno aragonés firmaron un convenio de encomienda de gestión para ejecutar las obras de depuración del Pirineo y la financiación de actuaciones de abastecimiento, saneamiento, restauración de riberas y prevención de contaminación de las aguas.

Peña ha recordado que estas obras de depuración son competencia Estatal al estar declaradas de interés general, pero que el Gobierno central solo había ejecutado las depuradoras de Sabiñánigo y Jaca, lo que llevó al Ejecutivo aragonés a asumir el encargo de la ejecución del resto, "con la mejor voluntad".

Pero se tomó la decisión de optar por un sistema de concesión de obra pública que fue "determinante" para su falta de ejecución, en tanto en cuanto las empresas concesionarias no tuvieron acceso a la financiación en los mercados.

El convenio firmado con el ministerio ascendía a 142,6 millones de euros y todas las obras deberían estar en funcionamiento el 31 de diciembre de 2017, algo que es "evidente" que no ha sucedido, ha recalcado Peña.

Por ello, el informe de la Cámara de Cuentas alerta de la posibilidad de que el Estado exija el reembolso de 117 millones de euros, que crearía un "problema gravísimo" de fondo y que pondría al plan de depuración "en la casilla de salida".

Hay que asumir el "bochorno", ha agregado, de que veinte años después de que estas obras fueran declaradas de interés general, sigan sin ejecutarse.

No obstante, ha precisado que no existe "desviación" de esos fondos, puesto que en lugar de a las depuradoras, se destinaron al paquete de obras adicionales que figuraban también en el convenio.

Otra cosa diferente, se ha preguntado Peña, es si "tenía sentido" que para ejecutar unas obras que eran de competencia estatal, la comunidad autónoma se viera obligada a hacer otras por cien millones de euros.

Ahora, lo que está en revisión también, ha recordado Peña, es el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y su tarifa en todo Aragón.

El ICA, en este contexto, es un impuesto "esencial" para la financiación de todo el programa, con la entrada de los contribuyentes de Zaragoza al régimen común, aún manteniendo un tiempo las bonificaciones establecidas en un principio, según Peña.

Además, ha recordado que el Instituto Aragonés del Agua (en pleno proceso de reconversión en una dirección general adscrita al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) está "decidido" a revisar la forma de gestión de las depuradoras y a realizar una nueva revisión del PASD.