Dentro de un año se sabrá si las buenas expectativas generadas en la comisión bilateral Aragón-Estado celebrada la pasada semana se cumplen. A tenor de la satisfacción con la que salieron los protagonistas y las conclusiones adoptadas, mucho más sustanciosas que en las seis reuniones anteriores, todo hace indicar que es posible que así suceda. Varios datos corroboran, al menos, la predisposición de los representantes de ambas administraciones.
El primero puede resultar anecdótico, pero ya demuestra que algo ha cambiado respecto a reuniones anteriores. Y es la duración del encuentro. La última comisión duró lo mismo que las tres anteriores juntas. De este modo, el pasado martes en el Pignatelli se debatieron 17 puntos durante tres horas --hay que tener en cuenta además que gran parte del trabajo se había hecho en los grupos que previamente habían mantenido contactos-- mientras que en la anterior, celebrada hace tres años, la reunión se prolongó únicamente por espacio de hora y veinte minutos. Eso sí, toda una vida si se comparan con los escasos 25 minutos que invirtió Soraya Sáenz de Santamaría en la primera de las tres comisiones que ha copresidido. Las anteriores, con gobiernos socialistas, tampoco dieron muchos frutos más.
Satisfacción general
En la mesa hubo miembros de tres partidos antagónicos, pero los tres valoraron el avance de la reunión, especialmente el hecho de que se vaya a tener en cuenta «el caso particular de Aragón» sobre financiación, sin perjuicio de las leyes que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
El hecho de que se cree un grupo de trabajo cuyas conclusiones se eleven a la comisión mixta de asuntos económico-financieros del Estado-Aragón es un avance para todos los partidos. Hasta ahora, y a pesar de figurar en una ley orgánica como es el Estatuto aprobada por el PP y el PSOE en 1996, el anhelo de contar con un marco financiero propio no había pasado de una mera reivindicación apuntada en el acta de la reunión anterior, celebrada el 2 de octubre del 2013. En aquella, el entonces vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, solicitó en el apartado de ruegos y preguntas que el acta recogiera la mención «a la existencia de la previsión del artículo 108 del Estatuto de Autonomía».
Este momento del encuentro llegó a ser casi más intenso que el orden del día preparado en aquel entonces. También en ese punto, el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Rudi, Modesto Lobón, se refirió «al vertedero de Bailín (Sabiñánigo), que constituye uno de los problemas de contaminación medioambiental del sur de Europa, por actuación del pesticida HCH».
Ahora igual que entonces, hubo una mención al Canfranc. La diferencia, que esta vez el apoyo es más decidido y hay incluso dotación presupuestaria de Europa dado que el proyecto ahora está mucho más consolidado que el que redactó el anterior Ejecutivo autonómico. Biel recordó que se habían producido «67 acuerdos y resoluciones de las Cortes de Aragón» a favor del impulso del Canfranc. Cuatro años después, estas ya rozan las 80. Se incluyó en el anexo una declaración, ratificada ahora también.
Como dato anecdótico, en la reunión de la pasada semana se reunieron siete miembros de cada administración. En la penúltima, lo hicieron 6 de la Administración central y 7 de la autonómica. Solo tres repitieron. Gustavo Alcalde como delegado del Gobierno, Soraya como vicepresidenta del Ejecutivo central y Roberto Bermúdez de Castro.
En este caso, una vez en cada bando, puesto que en la penúltima lo hizo defendiendo los intereses de la comundad autónoma, en calidad de consejero de Presidencia, y en esta última lo ha hecho como secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.
El martes también hubo otro ministro además de la vicepresidenta. Un hecho inédito hasta ahora en una bilateral. Fue el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que se encargó de emitir diversos informes sobre las infraestructuras que se piensan ejecutar --al estar incluidas en presupuestos del presente ejercicio-- en un corto plazo de tiempo.
El acta de la reunión del pasado martes, a la que ha tenido acceso este diario, no recoge ningún documento acerca de las implicaciones del plan de gestión en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña, ya que no era objeto de ningún acuerdo y tan solo se informó sobre él, con la negativa --dada por buena por el Gobierno de Aragón-- de que este contemple cualquier trasvase del Ebro.
