Antonio Asín alcalde de Mallén y diputado provincial, ha sido inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargo público. Sin embargo, la resolución ha sido recurrida y, según el letrado Hipólito Gómez de las Roces, Asín "tiene facultades para seguir en sus cargos" mientras no se produzca una sentencia firme que confirme la pena.
De las Roces manifiesta que la Constitución española es tajante al respecto. Hasta ahora, el político de Mallén ha esgrimido con éxito este argumento, al menos en su municipio, pero el próximo 9 de abril, cuando la Diputación de Zaragoza tome conocimiento de su inhabilitación, se creará un problema legal porque este acto debería entrañar su cese en el cargo.
No obstante, De las Roces señaló que "una cosa es el aspecto jurídico de la cuestión y otra, muy distinta, el aspecto moral", pero no quiso entrar a hacer una valoración de fondo. En cualquier caso, hizo hincapié en que la Constitución española señala el carácter obligatorio de respetar las sentencias y resoluciones de los tribunales cuando estas adquieran el rango de firmes.
"Cualquier persona equilibrada dejaría el puesto en una situación así", manifestó el letrado y expresidente de Aragón, que se refería de esa forma a los numerosos casos de corrupción política que se producen en España y que acaban en condenas de distinto alcance que incluyen cárcel, responsabilidad civil e inhabilitación.
Para De las Roces, la primera sentencia condenatoria puede entrañar un daño al crédito de la persona concernida, sin necesidad de esperar a que esta se convierta en firme tras el recurso a una instancia superior.
INCÓGNITA
Fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza no quisieron ayer pronunciarse sobre la situación de Antonio Asín. El presidente de la institución, Luis María Beamonte (PP), nunca se ha pronunciado sobre la cuestión.
Y ayer fuentes de su gabinete de prensa precisaron que el cese del alcalde de Mallén como diputado no es una decisión de la entidad sino que procede de una sentencia judicial.
Los servicios jurídicos de la DPZ han pedido su parecer a la Junta Central Electoral para saber cómo actuar en este caso, del que no existen muchos antecedentes en Aragón.
Según algunas fuentes judiciales, una vez producida la condena en primera instancia el cese se produce ex lege, es decir, en aplicación de la ley.
Y, de hecho, este es el tenor de la toma de conocimiento que se llevará a efecto en el pleno de la Diputación de Zaragoza el próximo 9 de abril. Se trata de un trámite que no requiere votación y en el cual, según apuntó un diputado que prefirió quedar en el anonimato, "el cese se produce de forma automática".
En cualquier caso, la DPZ pisa ahora un terreno desconocido y no se sabe muy bien qué puede pasar en adelante. La postura de Asín es también una incógnita. Puede dejar su puesto y puede, como hizo en la alcaldía de Mallén el pasado marzo, seguir ocupando su escaño a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Si este confirma la condena, no le quedaría más remedio que marcharse, pero él confía en que el fallo le sea favorable.
