El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, comenzó ayer la toma de declaraciones por la factura de 2 millones de euros que cobró el constructor Agapito Iglesias --imputado-- por un movimiento de tierras, supuestamente, inexistente.

Según fuentes consultadas por este diario, los tres peritos que testificaron aseguraron que dichos trabajos están sin hacer porque el aulario destinado para la Formación Profesional no precisaba de una cimentación de dichas características. Apuntaron que ese movimiento de tierras habría tenido un coste de 20.000 euros, pero no el dinero que fue cobrado.

Esta investigación por estafa y falsedad fue descubierta por el abogado de la DGA, José Gay, a partir de una documentación entregada por Agapito para exculparse en otro asunto judicial