Personal sanitario del Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales (CAMP) denuncia que no se les permite el acceso a la historia clínica de los pacientes. La queja procede de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que ya han notificado, sin éxito, su malestar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en numerosas ocasiones y que tienen previsto acudir a los tribunales para denunciar esta y "otras irregularidades" que, en su opinión, se cometen en residencias pertenecientes al organismo público.
"Nos sentimos indefensos porque no estamos al corriente de las patologías de los residentes ni de su evolución", indica Teresa Gómez, una de las denunciantes. Además, advierten de que esta prohibición "podría dar lugar a una mala praxis, no dando los suficientes cuidados asistenciales que merece el paciente, mermando la calidad asistencial".
La reivindicación se viene realizando desde noviembre a través del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y la respuesta siempre ha sido la misma "Apelan a la Ley de Protección de datos". Así lo expuso la dirección del CAMP el 15 de abril, cuando esgrimió que "debe respetarse escrupulosamente cualquier referencia a la protección y confidencialidad de los datos de los residentes, referido a la documentación asistencial médica".
"Somos personal sanitario y estamos obligados a mantener el secreto profesional", insiste Gómez, que, además, asegura que el veto también alcanza a los diplomados en enfermería. De hecho, este último colectivo también remitió su denuncia por escrito a la dirección del CAMP. "Solicitamos que se subsanen a la mayor brevedad posible los graves hechos que se vienen sucediendo y perpetuando en el centro por la dirección en cuanto al uso correcto de los historiales clínicos de los pacientes", exponen las enfermeras en su escrito.
Este colectivo indica que esas historias están ubicadas en el despacho de la médico del centro dentro de un archivador cerrado "bajo llave" que solo tiene la directora, pero también los conserjes --personal no sanitario-- "que solo facilitan la historia clínica al médico una vez presente en el centro y bajo custodia en todo momento".
Ante eso, las profesionales se sienten "vendidos", subraya Gómez, que lamenta que "no tenemos acceso a saber si un paciente es alérgico o intolerante a algo, con la circunstancia que nosotros somos los que los acompañamos al médico o al Royo Villanova a Urgencias", expone.
Pero los auxiliares también denuncian otras irregularidades en la residencia Romareda. La falta de personal y la inclusión de los festivos anuales dentro de la distribución del calendario de trabajo figuran entre los aspectos censurados. "La sobrecarga de trabajo es tremenda, hay numerosas bajas, lesiones por cargas de trabajo y estrés llegando al límite psicológico y se ha pedido una valoración de riesgos psicosociales", resaltan Manuela García y Francisco Javier Fernández, que, además, denuncian "represalias" contra los delegados sindicales más reivindicativos. "Quieren estropearlo todo para cerrar y privatizarlo como hicieron con la residencia de Movera", concluyen.
