Alrededor de 80 personas de diez colegios diferentes de Zaragoza participaron ayer en el picnic reivindicativo organizado por la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad que se llevó a cabo en la explanada frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, al que exigen poner fin a la demora de dos años en la licitación del servicio de comedor escolar de los colegios de Infantil y Primaria de Zaragoza y provincia.

La movilización tendrá continuidad, ya que, como indicó el portavoz de la plataforma, Pablo Alconchel, se celebrará una vez al mes, si bien, el escenario cambiará para pasar a llevarse a cabo en diferentes colegios.

«Llevamos ya un retraso de dos cursos aunque el mayor fue desde noviembre del 2015 a abril de este año, cuando salieron los pliegos, pero se tuvieron que corregir varios errores y todavía estamos esperando», lamentó el portavoz de la plataforma.

El colectivo exige la publicación de unos pliegos que aportarán ciertas novedades al servicio del comedor escolar, «aunque no demasiadas», admite Alconchel. Pero sí se avanzará en cuestiones relacionadas con la calidad del menú. «Se incluye la recomendación de evitar el panga y se exige evitar el plástico durante todo el proceso. Además, se apuesta por la alimentación ecológica, algo que también supone un adelanto respecto al anterior convenio».

Para Alconchel, la calidad de los menús escolares en la actualidad es «baja», una opinión compartida, asegura, por la clase política. «Cuando vienen a comer con nosotros a algún colegio admiten que el nivel es bajo porque, entre otras cosas, los pliegos no se refieren a la calidad del menú», afirma la plataforma.

AVANCES // En todo caso, Alconchel reconoce que sí se ha avanzado «en ciertas cosas», como «en el convenio firmado con las monitoras de comedor y en la bajada de las ratios -número de niños de los que se encarga cada monitor-» pero «no existe actualmente ningún seguimiento en cuanto a la materia prima mientras que los nuevos pliegos recogerán ciertos requerimientos de alimentos más frescos y reclaman la supresión de otros», añade.

Por su parte, la consejera de Educación, Mayte Pérez, justificó recientemente la demora en la «decisión de mejorar las condiciones de las trabajadoras», una cuestión «fundamental» para la Administración. Pérez recordó en el pleno de las Cortes que cuando cambió el Gobierno, se encontraron con un convenio que terminó su vigencia el 31 de diciembre del 2014. «La renovación del contrato de comedor se ha retrasado en beneficio de las monitoras. Si se hubiese producido esa licitación y esa contratación del 2016-2017, con las condiciones del convenio colectivo del 2014, hubiese supuesto un grave problema y un perjuicio para las trabajadoras del sector», dijo.