Un chatarrero se sentará próximamente en el banquillo de un juzgado zaragozano acusado de haber comprado y revendido 350 metros de cable de cobre robado a sabiendas de su procedencia, delitos por los que la Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para él. Lo llamativo es que, pese a ser uno de los pocos acusados que carece de antecedentes en este proceso, su condena podría ser la más dura de todas. El Fiscal pide que, dada su condición de inmigrante ilegal, chino -que por lo visto no le impidió ser propietario de una empresa-, le sea conmutada la pena de cárcel por diez años de expulsión del país, amén de cerrar tres años el negocio. Algo a lo que su defensa, a cargo de Nadia Brahim, se opone.

Sus compañeros de banquillo serán tres hombres de nacionalidad rumana, acusados también de receptación por venderle el cable, que fue sustraído en dos robos en una semana en una subestación eléctrica de Endesa, en verano del 2015. Dos de ellos tienen antecedentes y afrontan dos años de cárcel quedando en uno y tres meses para el tercero. El robo no se lo imputan porque no quedó demostrado que fuera obra suya.

Tampoco está acusada la empresa de reciclaje a la que el primer acusado revendió el cobre por 6.000 euros.