El exalcalde de Trasmoz, Francisco Javier Moliner, se enfrentará el próximo 13 de junio en la Audiencia de Zaragoza a una petición fiscal de penas que suman cinco años y seis meses de prisión como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida.
El fiscal señala en su escrito de calificación provisional que el acusado acordó, en septiembre del año 2013, la compra de un camión para servicio del ayuntamiento y ordenó una transferencia de 4.235 euros, que fueron ingresados finalmente en una cuenta de su titularidad.
A pesar de que la compra no se llegó finalmente a formalizar, el edil, según la acusación pública, dispuso de esa cantidad en «beneficio propio».
Fiestas locales
La fiscalía acusa asimismo al exalcalde de apropiarse de al menos de 4.140 euros que le entregaron sus convecinos en el 2014, como presidente de la comisión de fiestas del pueblo, para la organización de actos patronales.
Finalmente, añade la acusación, el acusado se apropió de los fondos y fue el ayuntamiento de Trasmoz el organismo que se hizo cargo de los 14.000 euros de presupuesto de las fiestas de ese año.
En concreto, el fiscal solicita cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por el presunto delito de malversación y 18 meses más por otro de apropiación indebida, así como indemnizaciones en torno a los 18.000 euros a su población.
Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de su cliente, en un escrito en el que niega las dos acusaciones hechas por la Fiscalía.
Defensa
En relación a la compra del camión, el defensor asegura que el alcalde, al ver ingresada la referida cantidad en su cuenta, entendió que la recibía en concepto de gastos de representación, y, en concreto, por un viaje realizado a Durango para negociar la instalación de una empresa en su población.
Respecto a las fiestas, destaca que estas cantidades no fueron a parar al bolsillo del exalcalde, sino que se destinaron a gastos como un vermú popular (1.000 euros) o al pago de un anticipo a orquestas (1.500 euros).
La defensa hará valer que el regidor actuó en todo momento buscando el beneficio de la localidad y que el dinero que recibió no fue a incrementar su patrimonio personal, sino que tenía una razón lógica y había superado los controles establecidos en la gestión de las administraciones públicas.
La acusación, por el contrario, tratará de demostrar que el exalcalde se enriqueció de forma ilícita en el ejercicio de su cargo y aportará las pruebas reunidas. Asimismo, ambas partes contarán con la declaración de varios testigos.
