La Red de Agua Pública de Aragón ha pedido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que condicione la financiación solicitada por el Gobierno aragonés para la depuración en el Pirineo a la reelaboración de un plan que consideran "sobredimensionado", "irracional" e "inviable".

Para ello, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), integrada por ayuntamientos, movimientos sociales y sindicatos, ha registrado ayer en la sede de Luxemburgo del banco europeo un Memorandum sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, con motivo de la solicitud de financiación cursada por el Ejecutivo autonómico para las depuradoras del Pirineo.

En este sentido, Enrique Gracia, de CC.OO, ha señalado en rueda de prensa que ante un "modelo privatizador" como es el del Gobierno autonómico "otro plan es necesario", es decir, "hay que sanear el plan de saneamiento", ha dicho.

La Red, ha explicado Gracia, no está en contra de la financiación europea pero solicita que el BEI, al igual que hizo la Comisión Europea con la tramitación de los fondos para el Plan Hidrológico Nacional, fuerce el debate sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, y que condicione su financiación a la reforma "en profundidad" del mismo con la participación ciudadana y de los ayuntamientos.

Asimismo, que se modifique con respeto a la legalidad europea y desde principios de eficacia y transparencia, con la lógica del interés general y no de intereses particulares oscuros, y que se reconduzca con soluciones más baratas y eficientes, ha agregado.

Con este memorandum, coordinado por el profesor Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, y en el que se repasa en veinte folios el desarrollo de dicho plan, la Red de Agua Pública de Aragón pretende informar al BEI, por vía de urgencia, sobre la situación antes de que se tomen decisiones.

Y es que según Gracia tanto el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, como el director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, se han dirigido "in extremis" al banco europeo para tratar de obtener financiación y salvar un plan "irracional", que está "colapsado" y que es "inviable".

"Se nos va acusar, pero somos los primeros interesados en que se apoye con fondos europeos la depuración y la preservación de los ríos", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que tienen la certeza de que el camino adecuado no es el elegido por el IAA y que es necesario dar un "giro radical" hacia un modelo más sostenible.

Porque sino en los próximos veinte años "los aragoneses enterraremos más de 1.200 millones de euros en un inmenso negocio e inviable", ya que el plan supone un "auténtico pozo negro", con instalaciones sobredimensionadas, es irracional y "no conduce a nada", ha denunciado Gracia.

También ha criticado que decenas de pueblos estén pagando desde hace más de cuatro años el 50% del canon de saneamiento sin tener siquiera construida la depurada proyectada y la pretensión del Gobierno de Aragón de cobrar, a partir de enero de 2014, el cien por cien de dicho canon.

Ha pedido a los políticos que impulsen una reforma legislativa sobre el tributo que se paga por la depuración en Aragón, en el que se solapan tres figuras, es decir, "no tiene sentido que por un mismo concepto se llegue a pagar tres veces".

Y a pesar de haber aumentado el canon desde el año 2005 el 133%, el plan de saneamiento aragonés está "colapsado" financieramente, ya que en 2012 ha habido unas pérdidas de más de trece millones de euros, ha explicado por su parte el físico Mariano Mérida, de Ansar.

Tras insistir en el "gran problema" que presenta dejar la gestión de la depuración en manos privadas, ya que según Mérida el IAA ha pretendido hacer obras para dar beneficio a las empresas y no a los aragoneses, quienes tienen en el plan una "losa", el representante de Ansar ha denunciado la tecnología empleada, "ineficiente y carísima", en lugar de usar tecnologías blandas.

Ha recalcado que es un sistema sobredimensionado e insostenible y para ello ha puesto como ejemplo que depurar un metro cúbico de agua cuesta 1,3 euros, mientras que en las instalaciones de la Almozara, con gestión pública, sale por 0,15 euros, y en La Cartuja, por concesión, a 0,41 euros.

La red RAPA también ha presentado ayer, ante según Mérida la "falta de transparencia" en el plan Pirineos, en el registro general del Gobierno de Aragón nuevas peticiones al consejero de Medio Ambiente y al IAA para conocer la contribución económica que han hecho cada una de las localidades aragonesas en los últimos cinco años al canon de saneamiento.

También han solicitado saber el cobro que reciben las empresas por la construcción y mantenimiento de cada una de las depuradoras a su cargo y la financiación bancaria y la relación de municipios que no se han incorporado a dicho canon.