La exalcadesa de La Muela y principal imputada en la operación Molinos, Mariví Pinilla, hizo público ayer un comunicado en el que anunciaba una ristra de escritos legales presentados con motivo de su falta de letrado --el anterior se retiró y el juez determinó que le correspondía uno de oficio-- y en el que ensalzaba su labor al frente del consistorio muelano entre 1987 y el 2011. El documento refleja que "el crecimiento y la transformación" de La Muela "en los últimos 25 años, como consecuencia del esfuerzo de todos sus vecinos, entiendo que fue satisfactorio para todos".

La exalcaldesa, imputada por delitos de corrupción fruto de esa gestión y para la que la Fiscalía pide 37 años de prisión y casi 23 millones de euros de multa, valora en el documento "la mejora del nivel de vida de la gran mayoría de las familias de La Muela como consecuencia del desarrollo de las energías renovables y de su entorno urbanístico". Cita "los innumerables viajes de los niños, los vecinos y, sobre todo, los mayores, algunos de los cuales conocieron el mar por primera vez".

La exalcaldesa detalla las acciones legales que ha emprendido como consecuencia de su falta de representación letrada en el proceso. Según recuerda, su abogado renunció a su representación en diciembre, cuando ella estaba ingresada, "debatiéndome entre la vida y la muerte", y el juez aceptó esta renuncia y le negó la posibilidad de liberar más de 120.000 euros para pagarse uno nuevo, Juan Antonio Visús. Le instó a tomar uno de oficio, algo que le fue denegado en dos ocasiones anteriores.

Por ello, ha denunciado lo que considera un ataque a su derecho a la tutela judicial efectiva ante el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el fiscal jefe y el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. También, como publicó Heraldo, solicita una pensión de alimentos de 300 euros mensuales --equivalente a la que le fue concedida a la esposa de Luis Bárcenas--, y solicita la nulidad de las actuaciones desde que está sin abogado.