El plan de racionalización puesto en marcha por la Universidad de Zaragoza en el 2013 ha permitido ahorrar, en tres años, 21 millones de euros, una cantidad que, sin embargo, es inferior a los 30 que había previsto la institución académica cuando presentó el plan, a finales del 2012.

Solo en personal, la universidad se ahorró, en esos tres años --a falta de contabilizar el 2016-- alrededor de 9 millones de euros. Esta cuantía se consiguió a base de aplicar medidas como la revisión de la oferta de asignaturas obligatorias y optativas, contrataciones, racionalización del número de cargos académicos, reducción de las horas extraordinarias del Personal de Administración y Servicios (PAS), reducir la asistencia a las reuniones a las personas que sean «indispensables» o la utilización de la videoconferencia para evitar desplazamientos.

En todo caso, la vicerrectora de Economía, Margarita Labrador, aclaró que algunas de las medidas incluidas han agotado la capacidad de generar ahorros adicionales. Puso como ejemplo las relacionadas con los ajustes de costes de personal, «un importante recorte pero que ya no puede suponer más ahorro». De hecho, advirtió que la recuperación de la tasa de reposición implicará «un leve repunte» de estos costes.

OBJETIVOS

El plan para la contención del gasto y la obtención de ingresos, asentado sobre aspectos como el agua, la luz, la telefonía o los recursos humanos, tendrá continuidad, como ya había anunciado el rectorado. De hecho, el nuevo ya quedó aprobado en el último Consejo de Gobierno. En él se mantiene la misma estructura e idénticos objetivos generales que el iniciado en el 2012 aunque se han introducido cambios como los relativos al cumplimiento de normativa en materia de administración electrónica y también para potenciar el uso de las nuevas tecnologías.

Los compromisos adquiridos por el rector en su programa electoral también están reflejados en esta renovación del plan. Así, las tarifas de los servicios de apoyo a la investigación se fijarán de modo que cubran los gastos generados y la aportación de los proyectos europeos a la universidad se calculará en función de las horas de dedicación de los investigadores.

Otro de los cambios está en las medidas de cierre para el ahorro energético. Este año no se abrirá el servicio de registro en sábado, «ya que no se considera hábil tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo», informó la universidad.

Además, se fomentará la contratación centralizada de bienes y suministros en colaboración con otras administraciones públicas.