La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pretende que Aragón tenga una ley propia de vivienda en la que nadie se quede sin acceso a ella. Independientemente de las condiciones. Para ello, la pasada semana este colectivo mantuvo diversas reuniones con los siete grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para que asumieran sus peticiones, quince concretamente agrupadas en cinco bloques, en una futura ley que debe aprobar el Parlamento aragonés.
Aunque los grupos todavía no se han pronunciado, las reclamaciones de la PAH contarían con discrepancias insalvables en al menos cinco de los siete grupos parlamentarios. Son algunos puntos los que más escollos plantean, en especial el que obliga a la Administración pública a ofrecer realojos «incluso frente a casos de ocupación». Este es el que plantea el rechazo más rotundo a priori, aunque hay otros que también generan oposición y que, incluso, podrían ser anticonstitucionales, como la cesión obligatoria de la vivienda vacía, otra de las exigencias que plasma la PAH en el documento entregado a los grupos. En otros casos, hay puntos que ya están asumidos en el decreto-ley de Vivienda del Gobierno de Aragón y en los borradores de la futura ley que se hará esta legislatura.
condiciones // El colectivo de lucha contra los desahucios reclama a los grupos que defiendan «públicamente» su ley de vivienda y exijan «al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios del Congreso la introducción y legislación de las propuestas recogidas» en su propia ley. Asimismo, solicitan que «apoyen y faciliten cualquier recurso necesario para la legislación y posterior aplicación» de esa ley.
El documento presentado a los grupos, y al que ha tenido acceso este diario, prevé entre otras cuestiones la dación en pago retroactiva con «mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda», así como la «inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas» y la «eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica de las mismas».
En otro orden de reivindicaciones, la PAH propone el alquiler asequible mediante la reforma de la ley para «dar seguridad y estabilidad», así como la «ampliación a un mínimo de cinco años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia» y «establecer un marco de regulación de precios que corresponda a los ingresos de la población».
Otras demandas son la de la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, las ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda «de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio», asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciendo el mismo municipio y barrio» y el polémico realojo incluso en casos de ocupación.
Vivienda social / Además, reclama la movilización de vivienda vacía mediante cesión obligatoria, incrementar el parque público, y alquileres sociales «no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar».
Otro punto del documento entregado a los grupos hace mención a los suministros garantizados, con la garantía de no cortar los básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de los afectados, la tarifa social que permita pagar en función de la capacidad adquisitiva y que sean las suministradoras las que asuman el coste de las famiias que no puedan pagar.
