La cesión por parte del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) del antiguo instituto Luis Buñuel al Centro Social Comunitario Luis Buñuel acabará en los tribunales. La plataforma Escuela y Despensa va a interponer una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa basada en un dictamen jurídico encargado por el PP que concluye que no se produjo un «licitación real sino una cesión incondicional y arbitraria» a esta entidad, cercana alcalde, Pedro Santisteve, y a la concejala de Participación, Elena Giner.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, explicó que el documento concluye que los procedimientos administrativos llevados a cabo por el Gobierno de ZeC fueron «irregulares» tanto en la cesión del espacio al colectivo, como en su declaración de interés socio-cultural, por lo que se trata de «actos nulos de pleno derecho».

Según el dictamen, y basándose en un primer informe del técnico de Planificación, Cooperación y Nuevos Proyectos de la sociedad Zaragoza Cultural, fechado en febrero del 2017, la asociación tendría que haber acreditado la inversión inicial a realizar en el centro, un plan de gestión y un plano de distribución de los usos previstos. El colectivo incumplía los tres requisitos. Sin embargo, en diciembre del 2017, otro informe redactado por el mismo técnico los reduce a uno único: presentar una propuesta de actividades.

El presidente de la plataforma social y cultural Escuela y Despensa, Pedro Martínez, anunció ayer que presentará un recurso en lo contencioso administrativo basado en este dictamen jurídico. Según explicó, --y así lo recoge el texto--, su asociación ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por gestionar el centro. Explicó que, ante la falta de concreción de la convocatoria realizada por el área de Economía y Cultura para optar a su gestión, solicitó más información sin obtener respuesta, de manera que no pudo presentarse.

Esta asociación no ha sido la única interesada ya que otras como la de Comerciantes Conde Aranda, la de Vecinos Zaragoza Antigua o la Federación de Asociación de Migrantes de Aragón han mostrado su interés. Así lo consideraba el informe de la asesoría jurídica municipal que ponía en duda si el antiguo instituto era un bien de dominio público o patrimonial. El letrado añadía que, en caso de haber varios interesados, el procedimiento debía hacerse en régimen de concurrencia, algo que no se cumplió. Azcón aseguró que «el alcalde ha querido favorecer a sus amigos» cediendo a un colectivo afín su uso. «Se han querido cercenar los derechos para privilegiar a una asociación del entorno político y social de los que sustentan al gobierno», matizó.

En el informe se cuestiona que se esté cumplimiento el requisito de que las beneficiarias sean entidades sin ánimo de lucro al asegurar que se está cobrando por asistir a algunas actividades.