La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha alertado de que la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón, en vigor desde el pasado día 1, contiene sanciones "inconstitucionales" que escapan a las competencias de un gobierno regional.
Según señala la PDLI en una nota de prensa, la norma no es conforme a la Constitución porque afecta a derechos fundamentales, por tanto fuera del ámbito regulador de una Comunidad Autónoma; deja en manos de un órgano administrativo la ponderación del posible conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos, lo que corresponde a un juez; y habilita a dicho órgano a ordenar la retirada de contenidos de Internet.
El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, explica que la ley incluye, en su artículo 50, sanciones administrativas por expresiones vejatorias en redes sociales y ?obliga a empresas de Internet a colaborar con la censura? y "sin que una Comunidad Autónoma tenga competencias en la regulación de Derechos Fundamentales?.
También considera problemático el hecho de que se invierta la carga de la prueba y se haga, además, en vía administrativa.
Sánchez Almeida insiste en que ?solo los jueces pueden secuestrar publicaciones y castigar delitos de odio. La Administración no debe censurar?.
La PDLI recuerda en el comunicado, ya criticó leyes similares por idénticos motivos, como distintos proyectos impulsados por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos.
