Sobre las comisiones de las Cortes aragonesas que investigan lo sucedido en la sociedad pública Plaza y en la CAI se han precipitado cataratas de excusas. "No supimos (en los respectivos consejos de administración) lo que realmente sucedía". "No nos informaron". "Sí nos pasaban informes, pero no los estudiábamos porque nos fiábamos de los gestores". "Hubo advertencias, pero no prosperaron". "No fallaron los mecanismos, fallaron las personas". A veces, ese argumentario de hojalata ha entrado en profundas contradicciones sobre lo que presidentes, secretarios y consejeros podían o no podían saber. Y ha resultado especialmente perturbador ver a gente bien formada, incluso a supuestos expertos en economía, reconocer su ignorancia o su inhibición. En un impresionante ejercicio de irresponsabilidad, políticos, sindicalistas, académicos y ejecutivos ocuparon las cúpulas de una gran plataforma logística y de una exitosa caja de porte medio sin saber o querer saber lo que de verdad pasaba en ambas entidades. Es más, a la vista de lo declarado ante las comisiones, se hace imposible entender quiénes y cómo tomaban unas decisiones que comprometieron durante años cientos de millones de euros. Las calamidades de Plaza y la CAI tienen mucho en común. En ambos casos hubo una gestión no solo dudosa sino presuntamente corrupta que ahora han de juzgar los tribunales. Pero también hubo un pavoroso absentismo por parte de los respectivos consejos de administración. Es probable que los integrantes de tales consejos no estuviesen en el ajo y simplemente dejaban hacer a los gerentes, o consejeros delegados o directores generales. En cualquier caso tienen parte de culpa. Y conste que uno y otro caso han supuesto pérdidas multimillonarias para las instituciones y el sistema financiero de Aragón. El dinero que es imprescindible para sostener servicios públicos esenciales y actividades económicas indispensables se ha volatilizado.
Es cierto que resulta difícil detectar sobre la marcha los manejos de unos administradores supuestamente desleales. No debiera ser así en sociedades teóricamente sometidas a controles y garantías propias de su naturaleza social. Claro que, en estos mismos momentos, la gestión de las empresas públicas dependientes del Gobierno aragonés o la de las cajas de ahorro con sede en la comunidad continúa siendo un arcano difícilmente descifrable no sé si para los respectivos consejos de administración, pero sí para la ciudadanía que pone la pasta. El último informe sobre las citadas empresas presentado ante las Cortes de Aragón es un pastiche pseudocontable que para nada describe las cuentas de explotación de cada sociedad. No hay transparencia, no hay responsabilidad. Y luego...
