El consejo de Plaza decidió ayer dar más margen de tiempo a Agapito Iglesias y a su empresa Multiinversiones 2010, antes de instar al concurso de acreedores para reclamarle los algo más de seis millones de euros que adeuda a la empresa pública por la venta del suelo para la construcción de unas naves que actualmente ocupa en alquiler Decathlon.

El cambio de actitud en el consejo de administración, que se reunió ayer por la mañana, se debe a que ahora tiene alguna garantía de cobro, después de que constatara que hay un borrador de escritura de compra-venta que permitiría al constructor soriano disponer de liquidez y abonar lo que adeuda a la plataforma logística. Según algunas fuentes, la venta que ejercería Iglesias sería superior a lo que debe actualmente. Además de esta garantía, el consejo fue informado de que que hay varias entidades financieras que aseguran que hay una empresa interesada efectivamente en adquirir las naves que son propiedad del empresario soriano, imputado en otra causa vinculada a Plaza.

Hace unas semanas, el consejo de administración de la empresa pública acordó instar el concurso de acreedores de Multiinversiones 2010 y reclamar en él la devolución de los algo más de seis millones de euros que la empresa pública tiene pendientes por la venta del suelo. La firma de Iglesias ejecutó un contrato llave en mano que debe cobra mediante un alquiler anual a Decathlon. El órgano de gestión también decidió estudiar la posibilidad de denunciar al exgerente, Ricardo García Becerril, por administración desleal.

Posteriormente fue Iglesias quien amenazó con denunciar a Plaza si solicitaba el concurso por obstruir una negociación de venta. Finalmente, y ante los indicios que tiene el consejo de cobrar, esperará hasta el mes de junio antes de tomar una decisión contra el constructor soriano.

REUNIÓN HOY Por otro lado, hoy se constituye la comisión de investigación en las Cortes de Aragón que tratará de dirimir si hubo responsabilidades políticas en los distintos casos de presunta corrupción en la gestión de la plataforma logística, y que han provocado la imputación, entre otros, del anterior gerente, Ricardo García Becerril, y del exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó.

Los cinco integrantes de la comisión (Antonio Torres por el PP, Javier Sada por el PSOE, Patricia Luquin por IU, Joaquín Peribáñez por el PAR y José Luis Soro por CHA) tendrán una reunión constitutiva aunque se espera al próximo martes a poder disponer ya de un calendario más concreto de comparecencias. También se decidirá entonces si las sesiones son de carácter público o secretas, ya que al respecto hay discrepancias. CHA e IU son los que han apoyado más firmemente su carácter público.

Ayer se especulaba con la posibilidad de que al final se opte por una fórmula mixta que permita ofrecer de forma abierta y pública las comparecencias de los intervinientes y las deliberaciones sean secretas para no encorsetar así ni condicionar la toma de decisiones y conclusiones, que también tendrán carácter público. Los grupos pretenden que haya el máximo consenso a la hora de solicitar las comparecencias.