El pleito por los bienes del monasterio de Sijena, tanto las pinturas como los objetos de arte sacro, se encuentra «paralizado». Con esta palabra resumió ayer la situación del proceso legal el abogado de Villanueva de Sijena, Jorge F. Español.

El letrado ha manifestado en varias ocasiones, al igual que el Gobierno de Aragón, su deseo de que las magistradas encargadas de ambos casos ordenen a la fuerza pública la recuperación de los bienes reclamados en el litigio.

En el caso de los bienes del tesoro artístico, faltan por entregar 46 piezas, dado que el pasado mes de julio la Generalitat devolvió 51, las de menos valor. Respecto a las pinturas murales, retenidas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), la Generalitat se aferra al argumento de que el traslado los dañaría irremediablemente.

Las sentencias que obligan a la devolución han sido confirmadas por distintas instancias judiciales y ha llegado el momento de ejecutarlas. Pero, mientras ese paso no se da, Cataluña maniobra para demorar o complicar la entrega. Una de sus tácticas ha sido declarar que las piezas reclamadas por Aragón forman parte del patrimonio de su comunidad y por lo tanto no puede tomar medidas que lo desmiembren.

UBICACIÓN

«La sentencia de devolución de los bienes data del 8 de abril del 2015 y Cataluña, que ha recurrido a la Audiencia Provincial de Huesca, insiste en que no es firme», manifestó ayer Alfonso Salillas, alcalde de Villanueva de Sijena.

El regidor denunció que un dron de TV3 sobrevoló días atrás el monasterio, tomando imágenes, y que sus responsables tuvieron que borrar las imágenes obtenidas ante el comandante del puesto de la Guardia Civil.

Asimismo, informó de que «avanzan a buen ritmo» las obras que se realizan en el interior del cenobio para albergar las piezas pendientes de entrega y los murales.

La Generalitat de Cataluña cuestiona la ubicación de las pinturas en la sala capitular, de donde fueron extraídas durante la guerra civil y en los años 60 del pasado siglo.

En un informe técnico emitido recientemente, y pagado por el Ejecutivo catalán, se afirma que las pinturas pueden verse perjudicadas por las condiciones del terreno.