El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado hoy instar al Gobierno municipal a iniciar con el de Aragón las negociaciones oportunas para revertir la recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en obras e infraestructuras necesarias para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento.
El acuerdo es fruto de una iniciativa de CHA que ha incorporado transacciones de PSOE y Zaragoza en Común y del que solo se ha aprobado el primer punto, con la abstención del PP.
Según el acuerdo, las negociaciones deberán tener su reflejo en la rúbrica de un convenio en el que se establezcan las obras e infraestructuras a realizar, las cantidades de cada una de ellas y el periodo de duración.
En su defensa de la iniciativa, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha recordado el informe del Tribunal de Cuentas hecho público ayer en el que reconoce el fracaso del modelo concesional de depuración de aguas de Aragón, con un 25 % más de coste si son empresas privadas, así como los incumplimientos de compromisos o depuradoras sobredimensionadas.
Asensio ha reconocido que el ICA es un impuesto de carácter medioambiental para gravar la contaminación de las aguas y por eso se tiene que destinar a medidas de prevención, en lo que, ha recordado, Zaragoza es "ejemplar" porque ha cumplido con su compromiso de depurar las aguas, además con fondos propios.
Dado que el ICA es de obligado cumplimiento, el objetivo de CHA es que se tenga en cuenta que Zaragoza "ha hecho sus deberes" y el esfuerzo realizado en depuración de aguas, que sea un impuesto "solidario y equitativo", que respete la progresividad y que incluya contrapartidas de inversiones para el ciclo integral del agua.
"No vamos a permitir una doble tributación ni pagar dos veces por lo mismo", ha insistido Asensio, quien reconoce que en la actualidad es un impuesto que "no tiene nada de solidario".
La concejal del PP María Jesús Martínez del Campo ha atribuido la moción a la intención de "lavar la cara" por el cambio de postura de CHA como socio del Gobierno de Aragón y ha advertido que la falta de acuerdo "no se resuelve con una moción sino con un convenio en condiciones", negociado en ambas administraciones y que explique qué va a pasar con Ecociudad y su deuda o quién se va a hacer cargo de las infraestructuras, entre otras.
Y como muestra de la, a su juicio, "falta de acuerdo" entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ha citado la moción de ZeC, que "no respeta ni una sola palabra de la de CHA".
El consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha defendido por su parte la necesidad de reformar la ley de Aguas y Ríos de Aragón para cambiar el actual modelo de depuración, promover la gestión pública y buscar la eficiencia en la prestación del servicio público, como defendía en su propuesta junto a la de constituir una comisión para elaborar un convenio en el que se determinara la aportación de Zaragoza a la financiación de aguas del conjunto de Aragón.
Para el socialista Javier Trívez "ruido y demagogia es lo que sobra en este tema", en el que también se ha mostrado partidario de reducir la tarifa aplicada a la depuración de aguas residuales en proporción al importe de las obras e infraestructuras y aliviar así la subida de la presión fiscal.
La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha reconocido que es un impuesto de carácter solidario, que ya está creado y que, por tanto, "solo podemos discutir sobre su aplicación".
Fernández, quien considera que la petición de Zaragoza debería introducirse en la negociación de los presupuestos del Gobierno de Aragón, ha reconocido que no está de acuerdo con el sistema de depuración establecido y el sistema de concesión y ha abogado por un plan de depuración "más adecuado, barato y eficiente".
