El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy una moción que insta al Gobierno de la ciudad a favorecer todos los trámites que eviten arriesgar el acuerdo alcanzado tras la última huelga en el transporte urbano de la capital aragonesa y que se prolongó durante cuatro meses.

La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos municipales, salvo el PP, que se ha abstenido con fuertes críticas hacia el impulsor de la moción -Ciudadanos- y el resto de formaciones políticas porque, a su juicio, nadie ha dicho "nada" de los problemas reales del servicio.

En su intervención, el popular Sebastián Contín ha lamentado que se han quedado solos "en muchísimas ocasiones" y ha insistido en que hay un "problema" si se cree que se debe hablar primero de los problemas entre empresa y trabajadores antes que del principal problema, que es que los autobuses se queman.

Ha considerado que ha sido una "fortuna" que todavía no se haya producido una "desgracia" después de que hayan ardido varios autobuses en los últimos meses y ha pedido que se retiren "de inmediato" todos los vehículos de más de 14 años.

El concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha calificado su iniciativa como una "moción de prevención" y no para "echar sal en la herida", porque sería un "grave error" no tener en la memoria la "tan dramática" huelga de cuatro meses.

Ha solicitado al alcalde que mantenga el "esfuerzo" de diálogo del que presumía con empresa y trabajadores, pero ha opinado que el equipo de gobierno "se ha relajado por completo", como pone de manifiesto la denuncia de incumplimiento del acuerdo por parte del comité de empresa de Auzsa.

Por último, ha rechazado la idea del PP de intentar introducir en la moción el problema de los autobuses incendiados porque desvirtúa el texto y porque cree que a los trabajadores lo que más les importa es la conciliación familiar, los cuadros de marcha o pequeños detalles como la instalación de baños en los finales de línea.

Lola Ranera (PSOE) ha insistido en que si hubo una huelga fue por la "incapacidad" de ZeC, que no supo gestionarla y que solo se pudo solucionar gracias a la intervención de un mediador externo que costó dinero a los contribuyentes.

Ha alertado sobre la existencia de goteras en las cocheras, que son de propiedad municipal, y ha mostrado su sorpresa por el "buen rollito" entre la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, y Auzsa, hasta el punto de que "igual estamos hablando de connivencia", ya que echa en falta sanciones, seguimiento y fiscalización de la empresa.

Por su parte, Artigas ha respondido asegurando que el Gobierno está tratando de poner orden a problemas en cocheras que se arrastran desde 2005, cuando gobernaban los socialistas, y ha reivindicado que, tras el conflicto, se creó una mesa tripartita que incluye a los trabajadores en el seguimiento de la contrata, aunque ha reconocido retrasos en el cumplimiento de sus exigencias.

Leticia Crespo, de CHA, se ha limitado a tachar de "obviedad" que el Ayuntamiento debe garantizar que la situación de los primeros meses de 2016 se vuelva a producir.

Previamente, ha intervenido el presidente del comité de empresa de Auzsa, Javier Anadón, quien ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno a que "tomen cartas en el asunto" y obliguen a la compañía a cumplir lo firmado.

Así, además de urgir a que finalice "de una vez por todas" los aseos o los cuadros de marcha, ha pedido información sobre las sanciones impuestas a Auzsa o sobre la auditoría que se anunció sobre la contrata.

El servicio de autobús, a su juicio, es "pésimo" y es el Grupo Avanza, propietario de Auzsa, quien tiene la responsabilidad, por lo que ha abogado por la municipalización, que reduciría los costes "significativamente".

Si no cumple, ha instado a rescatar la contrata y asumir el servicio, porque "la paciencia tiene un límite".