El Pleno de las Cortes de Aragón ha instado al Gobierno de Aragón que demande al de España la puesta en marcha de acciones políticas destinadas a la restitución de los municipios afectados por obras hidráulicas e hidroeléctricas.

Todos los grupos, excepto el PP, han apoyado esta iniciativa del Grupo Mixto, en la que se precisa que el objetivo es que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de estos municipios.

Con la incorporación de seis enmiendas de PSOE, PAR y Podemos, en la iniciativa también se reprueba "expresamente" el "contenido ideológico" del informe de junio de 2016 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, "por constituir una situación de agravio-cuando no ofensiva- hacia los municipios y habitantes del Pirineo aragonés afectados durante décadas por los impactos negativos de infraestructuras hidroeléctricas ubicadas en sus términos municipales".

E insta al ministerio a que actúe "de forma diligente y en defensa de los legítimos intereses" de los municipios y de los territorios afectados en los procedimientos de caducidad de concesiones hidroeléctricas y que se reconozcan los derechos de los ayuntamientos sobre las instalaciones a revertir ubicadas sobre montes de su titularidad.

Se pide asimismo al ejecutivo autonómico que solicite a las empresas concesionarias de los saltos de agua en Aragón el pago de la "energía reservada" correspondiente mientras las citadas empresas tengan la concesión y mientras no se realice la reversión de los saltos de agua de la cuenca del Ebro en el territorio aragonés a la Confederación hidrográfica.

Otra petición que hace el pleno es solicitar la modificación de la legislación actual para que sean las propias entidades locales afectadas las que gestionen los beneficios de esa denominada "energía reservada".

También se pide la explotación directa de los saltos hidroeléctricos "a través de una empresa pública aragonesa o a través del instrumento que se considere más interesante que garantice la titularidad pública y la mejor gestión" y que se estudie la posibilidad de recurrir judicialmente la concesión de saltos hidroeléctricos de más de veinticinco años, "ya que las condiciones del mercado eléctrico han cambiado".