Una mera cuestión de trámite que acabó enbronca. Así podría definirse lo ocurrido ayer en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Solo se pretendía obtener el beneplácito de las bancadas por ser requisito indispensable para suscribir el crédito del Fondo de Impulso Económico (FIE) estatal con el que se van a pagar los 44,8 millones de euros en sentencias firmes condenatorias de este año. Pero amaneció torcido y el PP quiso darle una vuelta de tuerca al asunto proponiendo la creación de un grupo de trabajo, "formado por técnicos y políticos" con el que analizar litigio a litigio y buscar a los responsables de que la ciudad tenga que hacer frente a esa cuantía ahora, de la que el 40% es de los intereses de demora por no atender el pago en su momento e ir recurriendo las denuncias hasta que ya no cabe recurso.

En la práctica, solo Ciudadanos se sumó a la petición pero 14 votos son menos que los 17 que sumaron el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA, que interpretaron que era solo "demagogia electoralista" --así lo dijo el responsable de las finanzas, Fernando Rivarés-- de los conservadores. De hecho, los tres le recordaron que algunos de esos litigios son de los años en los que Luisa Fernanda Rudi era alcaldesa. ¿También responsable o no de esas sentencias?

Remató el alcalde, Pedro Santisteve, valorando que le parece "curioso que un juez tarde 20 años en resolver" un asunto, porque ese tiempo se traduce en más gasto para el consistorio por los intereses de demora. "El ayuntamiento podría denunciar por la dilación", reprochó, al tiempo que culpó al Gobierno central de ese retraso, que no lo habría "si hubieran reforzado (desde el Gobierno central) un poder judicial independiente".

BRONCA El concejal del PP Jorge Azcón lideró esta bronca desde la bancada popular con un argumento: "3,2 millones de euros es el coste de esta mala gestión". Es en lo que se traduce el 1,3% de interés al que prestará el dinero el ICO a devolver en diez años. "De eso son responsables unos pocos, pero las consecuencias las pagamos todos", añadió. Además, aseguró que se han incluido los 8 millones de la sentencia por las obras de San Lázaro cuando ya se ha cobrado la subvención del ministerio.

Cada cual puede sacar sus conclusiones del debate, pero el show preelectoral no tuvo desperdicio. Entre cruces de acusaciones, amenazas de mostrar whatsapp del otro a la prensa, testigos que declaraban que Azcón mentía y el PP criticando que se aprobara ayer y no el lunes... Total para acabar votando juntos. Porque tras esto, el dictamen se aprobó por unanimidad.