El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, con el voto favorable de todos grupos y el único "no" del PSOE, una moción en la que insta al presidente de la corporación a que promueva la revisión y, si procede, la anulación del primer examen de las oposiciones a bombero.

En una sesión tensa debido a la presencia de los opositores afectados, que han interrumpido a los portavoces en varias ocasiones con improperios y gritos de "sinvergüenzas", "mentirosos" o "dimisión" a los representantes socialistas, la iniciativa, presentada por En Común, ha contado finalmente con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE, gracias a una enmienda de CHA.

En ella, se modificaba la petición de revisar y, si procede, anular la convocatoria entera, que pasaba a pedir lo mismo pero solo para el primer ejercicio, en el que el tribunal solo aprobó a 20 de los más de 400 candidatos, sin ni siquiera llegar a cubrir las 30 plazas disponibles y a falta todavía de más pruebas.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha calificado la moción de "propuesta envenenada" y ha acusado al resto de grupos de llevar a cabo un "ejercicio de oportunismo político" al unirse a las reclamaciones de los opositores.

Así, aunque ha afirmado entender a los opositores a título personal, ha insistido en que si atendiera a lo que pide la iniciativa cometería prevaricación, ya que es el tribunal el competente en la materia.

Del mismo modo, ha responsabilizado parcialmente al PP de lo ocurrido por no haber convocado ninguna oposición al servicio provincial de extinción de incendios durante toda la legislatura anterior.

En el turno de los grupos, el socialista Alfredo Zaldívar, ha pedido "respeto institucional" para los trabajadores de la casa que forman parte del tribunal y ha hecho un relato de lo ocurrido en el que niega irregularidades.

Este relato ha sido interrumpido en varias ocasiones por las decenas de opositores allí congregados, que le han abucheado, le han acusado de mentir y de pretender crear un "cortijo" en este servicio.

Francisco Javier Artajona, del PP, ha considerado que "alguna razón tendrán" los que protestan y ha llamado a reconsiderar los procesos de selección en la institución.

La diputada proponente Marta Abengoechea (En Común) ha asegurado que no quiere poner en duda las competencias de los funcionarios, pero ha subrayado que es "evidente" que ha habido irregularidades en el proceso.

Entre ellas ha destacado que el tribunal incluyó preguntas anuladas en otros ejercicios similares, otras mal redactadas y que los exámenes no estaban sincronizados ni contaban con las mismas indicaciones.

Por tanto, ha apoyado a los opositores en sus movilizaciones y ha denunciado la situación por "insostenible", por generar frustración en los candidatos y por no resolver necesidades.

La portavoz de Ciudadanos, Elena Martínez, ha expresado su "inquietud" y sus "dudas" sobre este examen y ha abogado por analizar "con seriedad" las revisiones y suprimir las preguntas sobre las que haya razones suficientes para la impugnación.

Bizén Fuster (CHA) ha sostenido que, con un 95,6 por ciento de aspirantes suspensos de un colectivo "bien preparado", está claro que el tribunal no está haciendo bien las cosas y que no ha cumplido con los objetivos que le fueron marcados.

Por ello, dado que el Pleno no puede anular la convocatoria, ha pedido al presidente que traslade esta posición al tribunal, ya que fue él quien lo nombró.

Por su parte, el representante del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha dicho que está "claro" que "algo no ha funcionado bien" y, aunque no conoce "irregularidades", sí que cree que se han cometido "muchos errores" que se deberían corregir, ya que hay familias que dependen de lograr ese puesto de trabajo.