Los grupos de la oposición volvieron ayer a demostrar su fuerza ante el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) sacando adelante una propuesta totalmente contraria a las intenciones del equipo de Pedro Santisteve. Durante la sesión plenaria, PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA aprobaron destinar 2,4 millones del remanente de tesorería a la compra de autobuses eléctricos para incorporarlos a la flota de Avanza Zaragoza.

Todo apunta a que esta decisión no se ejecutará porque ZeC sostiene que el consistorio no puede comprar directamente los vehículos, sino que debe ser la contrata que se encarga de gestionar el servicio la que lo haga. Otra cosa es que adelante la cuantía, como ha sucedido para la adquisición de los 32 últimos autobuses híbridos.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, que ayer volvió a recibir una lluvia de críticas por su gestión, recordó que un informe elaborado por el área de Movilidad y otro del interventor desaconsejan que el ayuntamiento compre directamente los buses y advirtió de que los 2,4 millones podrían perderse. Desde CHA, Leticia Crespo corrigió al concejal y su interpretación del documento. «Dice que hay ciertas dificultades, pero no que sea imposible y además es de naturaleza técnica, no jurídica», por lo que instó a Rivarés a que solicite a la asesoría jurídica un informe que explique si se pueden o no comprar los vehículos.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, también quiso matizar las explicaciones de Rivarés. «El interventor dijo que la modificación de crédito es posible y viable, no dijo que los 2,4 millones se perderán». Le reprochó que desde que la oposición presentó esta propuesta para invertir parte del remanente del año pasado, en mayo, «no ha estudiado la posibilidad de que sí se puedan comprar». El concejal del PSOE Javier Trívez admitió que «habrá dificultades», pero las achacó a la «incapacidad» de Rivarés para ejecutar las partidas.

Por último, el portavoz del PP, Jorge Azcón, anunció que su formación ha solicitado un informe jurídico para conocer si es viable o no que el ayuntamiento destine parte de su presupuesto a la compra de los vehículos.

El de Movilidad concluía que la compra directa de autobuses eléctricos genera «incertidumbre» y «dificultades» y consideraba «prudente» que se realizase un informe jurídico sobre su viabilidad. También mencionaba que debe ser la empresa la que se encargue de esta función y que, en caso de prosperar esta propuesta, habría que modificar el contrato, lo que retrasaría su llegada al 2020.