El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido hoy unánimemente al gobierno autonómico asesorar legal y técnicamente a los ayuntamientos aragoneses por cuyos términos municipales discurre el trazado de la AP-2 para que se haga efectivo el cobro íntegro del Impuesto de Bienes Inmuebles.
La ley de autopistas estableció en 1972 una bonificación del 95 por ciento de la cuota anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la concesionaria en el tramo de la AP-2 que discurre por estos once términos municipales, que solo cobran, por tanto, el 5 % del IBI.
Un real decreto de 1973 estableció la concesión de la AP-2 por un periodo de 25 años, pero posteriormente otro real decreto de 1998 la prolongó hasta el 31 de agosto de 2012, al tiempo que limitaba la citada bonificación hasta el 31 de agosto de 2016.
De esta forma, desde hace cinco meses estos ayuntamientos -Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera, Pina de Ebro, La Almolda, Bujaraloz, Peñalba, Candasnos, Torrente de Cinca y Fraga- podrían cobrar la totalidad del IBI a Acesa, la empresa concesionaria.
Mientras, ha recordado el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó en la defensa de la iniciativa aprobada, el Gobierno de Aragón paga anualmente tres millones de euros en concepto de bonificaciones en los peajes.
A pesar de que CHA, PAR, PSOE y PP han estimado que esta acción excede de las competencias del Gobierno de Aragón y que correspondería ejercerla a las diputaciones provinciales, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.
De hecho, el portavoz popular Javier Campoy ha precisado que los ayuntamientos "ya son mayorcitos" para saber qué IBI y a quién tienen que cobrárselo, y el gobierno aragonés "no debe inmiscuirse" en sus competencias.
