Una comisión especial permitirá que todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza puedan participar de las nuevas condiciones que se oferten en el futuro contrato para la explotación del mobiliario urbano y las marquesinas como soportes de publicidad. A propuesta del PP, todos los partidos se sumaron salvo el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que se abstuvo porque los conservadores no quisieron convertirlo en un simple grupo de trabajo.

En el foco del debate está la próxima licitación que, como ya adelantó EL PERIÓDICO, saldrá a concurso en marzo por una duración de diez años, aunque todavía tiene que ultimar detalles. Tan importantes como lo que la oposición quiere matizar o impedir: que, como ocurre ahora, al adjudicatario le salga gratis comercializar el mobiliario y las marquesinas. De eso acusó a ZeC el PP, de «regalarle 5,5 millones de euros a JCDecaux», la concesionaria actual que lleva desde el 2013 sin pagar el canon anual de 1,4 millones de euros. «Se le eximió del pago sin un solo informe que diga por qué», lamentó el concejal Sebastián Contín.

CONTRA ABAD // Este, ya en caliente, no dudó en arremeter contra el coordinador del área de Servicios Públicos, Aurelio Abad, por serlo también en el gobierno anterior cuando se le eximió de pagar a la multinacional francesa y por ser el marido de la responsable del área entonces, la socialista Carmen Dueso. «Siempre nos dice que no tenemos ni idea pero a un funcionario se le asegura su carrera. Si eres el marido de la consejera, el que mueve los hilos en la sombra, el responsable moral eres tú», dijo Contín. Se refería a que bajo sus manos también pasó el Bizi o el 010, servicios que también son hoy polémica en el ayuntamiento.

El socialista Roberto Fernández apostó por «desenmarañar» los gastos vinculados a la publicidad en las contratas. Defendió el Bizi como modelo de gestión, porque «no ha costado ni un céntimo» al consistorio, y pidió, de cara a la ampliación de la red, que siga así. Carmelo Asensio, de CHA, abogó por «poner orden» porque son «muchos millones que no se están dando» al ayuntamiento. «La información es confusa», lamentó Elena Martínez, de Ciudadanos, que pidió estudiar la opción de reclamar el dinero impagado a JCDecaux.