El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha reprobado hoy, con los votos de la oposición, a los concejales de Personal, Alberto Cubero, y Movilidad, Teresa Artigas, por la gestión de la pasada huelga de autobús, de cuyas consecuencias han culpado directamente al Gobierno de Zaragoza en Común.

Casi un mes después de que trabajadores y Auzsa, concesionaria del transporte público de la ciudad, llegaran a un acuerdo para suspender la huelga, tras 123 días de duración, y firmar el convenio colectivo, el Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario para analizar la gestión del conflicto por parte de ZeC, a petición de los grupos de la oposición.

Una sesión con un orden del día de 5 puntos que se ha prolongado durante tres horas y en la que la oposición ha cargado contra el alcalde, Pedro Santisteve, a quien, según el PP, era a quien había que reprobar, y contra Cubero y Artigas, tanto por la gestión de los servicios mínimos, como por el incumplimiento de los acuerdos de la junta de portavoces, entre otros argumentos.

Aunque se ha acordado por unanimidad pedir disculpas a la ciudadanía por la duración del conflicto y su tolerancia y reconocer la labor tanto del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y del catedrático de Derecho Laboral, Juan García Blasco, en la resolución del conflicto, los grupos también han coincidido en reprochar a ZeC la falta de autocrítica y que no haya pedido perdón a los 180.000 usuarios que se han visto afectados por el conflicto.

Una huelga en la que, a juicio del portavoz de CHA, Carmelo Asensio, "hay una responsabilidad mayúscula con Santisteve a la cabeza" y en la que debido a la "ceguera y empecinamiento" el Gobierno municipal "no ha resuelto nada sino agravarlo".

Mientras que desde Ciudadanos, Alberto Casañal le ha preguntado a los miembros del Gobierno "si se sienten legitimados para representar a los ciudadanos y gestionar sus problemas", desde el PSOE, Lola Ranera ha justificado la reprobación por la "vanidad, soberbia, incapacidad y torpeza" en la gestión de la huelga, y, en concreto, la de Cubero por "las expectativas que generó" y la de Artigas por "estar sobrepasada".

En respuesta, la vicealcaldesa, Luisa Broto, ha preguntado si se les reprueba "¿por hacer su trabajo? o "¿por no hacer lo que se esperaba que se hiciese como se había hecho siempre?".

Broto ha justificado la duración de la huelga a la negativa del Ayuntamiento a poner más dinero y ha deseado: "ojalá se nos repruebe más veces por defender el derecho a la huelga y al transporte".

Una reprobación que ha contado con el apoyo del PAR, como ha puesto de manifiesto en una intervención su representante, Sergio Larraga, y del comité de empresa de Auzsa, Javier Anadón, quien ha acusado a la oposición de que su interés era el "acoso y derribo" del Gobierno municipal, al tiempo que ha vuelto a reclamar la municipalización del servicio para que "deje de ser un negocio para empresas privadas".

Con la abstención de Zaragoza en Común ha salido adelante la propuesta de que el Gobierno de la ciudad consensúe con todas las fuerzas políticas el destino que se dará al ahorro obtenido por la huelga para compensar a los usuarios del transporte público en el ámbito de las tarifas y de la eficiencia.

En este sentido, ha salido adelante disminuir el precio de todos los títulos de transporte, no solo a los usuarios de los abonos como había puesto en marcha el Gobierno, y revertir parte de las cuantías reforzando el servicio público del autobús con mejoras que suplementen las ya previstas en la contrata.

Uno de los aspectos más criticados durante la pasada huelga fueron los servicios mínimos del 33 % que fijó el Gobierno municipal y que, según ha señalado Cubero, "garantizaba también el derecho a la huelga".

Una decisión que Lola Ranera ha calificado de "irresponsabilidad" y que en opinión del portavoz de Ciudadanos tuvo unas consecuencias en los usuarios "imperdonables".

"No les ha importado jamás que los ciudadanos se quedaran tirados en las paradas", ha denunciado el concejal del PP Sebastián Contín, quien ha advertido que "de lo que se trata es que se presten los servicios por los que paga la ciudadanía".

Un debate que se ha zanjado con el acuerdo unánime de que en los próximos conflictos que surjan se establezcan los servicios mínimos necesarios avalados por análisis técnicos que evalúen las afecciones en cada momento.

Por último, el pleno ha aprobado, también por unanimidad, instar al Gobierno de la Ciudad a respetar los acuerdos adoptados en la Junta de Portavoces, unos acuerdos que, a juicio del consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, "han sido reinterpretados por todas las partes" pero que ayudaron, a pesar de la compleja situación, a la resolución del conflicto.