La gestión de la depuración de las aguras residuales en Aragón siempre es motivo de polémicas y sospechas. La diputada de Podemos Marta de Santos denunció ayer que las ayudas en esta materia que el Gobierno de Aragón ha publicado este mes «ningunean» a los pueblos del Pirineo por no haber rescindido todavía los cuatro contratos de concesión de obra pública para la construcción y explotación durante 20 años de estas instalaciones en los ríos pirenaicos.
Podemos denuncia que con estos contratos (que se corresponden con cuatro zonas de actuación: río Aragón, río Gállego, ríos Cinca y Ara y ríos Ésera y Noguera Ribagorzana) la DGA «arrebató» las competencias a los ayuntamientos. Al seguir en vigor aún no han recuperado estas competencias y quedan «automáticamente fuera» de estas ayudas, con una cuantía total, según la orden, de cinco millones de euros (2,575 millones en el 2017, 1,5 millones en el 2018 y 925.000 euros en el 2019). El límite máximo será de 300.000 euros por subvención.
De Santos lamentó que primero se les quitó el dinero para la construcción de las depuradoras al firmar estos contratos de obra pública, después tuvieron que pagar sanciones a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) porque las plantas no se hicieron por parte de las empresas y que ahora «vuelven a dejarles sin este servicio obligatorio».
La orden, según Podemos, también tiene «otras graves deficiencias», puesto que se da un plazo de 45 días a los municipios a partir del 1 de agosto, «dando por supuesto que todo el mundo está activo» este mes, y no se ofrece asesoramiento del Instituto Aragonés del Agua (IAA) para redactar las solicitudes.
La diputada denunció que las bases «obligan» a los ayuntamientos a crear un impuesto, mediante ordenanza municipal, para el mantenimiento de las infraestructuras, con lo que los usuarios tendrán que pagar «dos veces por el mismo litro de agua depurado» ya que también abonan el Impuesto de Contaminación de las Aguas. De Santos lamentó que la orden no se haya sometido a un proceso de participación.
