Podemos exige "meter mano" para asegurar la gratuidad en la educación concertada

En su interpelación a la consejera, Gamarra ha insistido en que este es un asunto "grave" que no están dispuestos a que se cierre en falso.

Así, ha recordado que estos colegios no pueden cobrar "directa o indirectamente" cuotas ni pedir aportaciones para hacer "un negocio redondo", además de que están financiados por la propia Administración, que paga tanto su personal como otro tipo de inversiones.

Con estas prácticas, estos centros pretenden crear un "estatus de exclusividad en los mismos", ya que "no quieren que haya ni inmigrantes, ni minorías étnicas, ni familias con pocos recursos", mandando a todos estos a la pública, ha criticado.

"Son los centros los que verdaderamente eligen a las familias y no las familias las que eligen los centros", ha añadido.

Además, el diputado de la formación morada ha denunciado que, junto a las llamadas "aportaciones voluntarias", estos centros también "obligan" a principio de curso a comprar libros y materiales en el propio colegio, donde son "más caros".

Cobran también por el uso de algunas instalaciones y "a veces" hasta se pide un pago en concepto de calefacción, comedor o actividades extraescolares. "Se paga hasta por respirar", ha protestado.

En este sentido, ha recordado la moción aprobada hace meses, con el apoyo socialista, en la que instaban al Gobierno de Aragón a adoptar medidas para informar a las familias de la ilegalidad de estas prácticas y para controlar a los centros.

Así, según este texto, se debía dar a las familias un papel informativo durante el periodo de matrícula, se debía colocar información visible sobre la normativa en las páginas web de los centros o inspeccionar estas prácticas, entre otras medidas, pero a su juicio "no ha cumplido nada".

En su respuesta, la consejera de Educación ha afirmado que "poco ayuda a la pública" con estas declaraciones, así como que el panorama en los centros públicos no es como lo plantea.

Ha señalado también que su departamento ha aprobado un aumento de las becas, la eliminación de tasas, el transporte y comedor escolar gratuito o escuelas más próximas, medidas que también garantizan la gratuidad de la educación.

Del mismo modo, ha recordado que la cifra actual de estudiantes de la concertada en la ciudad de Zaragoza es del 45 por ciento del total, cifra que aumenta cuando gobierna el PP en una "política intencionado de ir desprestigiando la pública", mientras que su objetivo es "el contrario".

Así, ha reivindicado que está llevando a cabo un esfuerzo añadido para prestigiar estos centros ofertando más unidades en la pública de las que eran necesarias para que no fuera la falta de plazas las que forzaran a las familias a elegir colegios concertados.

Pérez ha explicado también que hay numerosa normativa que regula la gratuidad de la educación y que establece que estas aportaciones han de tener carácter voluntario, no lucrativo, por actividades desarrolladas fuera del horario escolar y vuelve a ser obligatoria la autorización de la Administración, algo que el anterior Ejecutivo PP-PAR modificó por una "simple comunicación".

Asimismo, ha defendido que sí que ha cumplido con lo aprobado en la moción esgrimida por el diputado de Podemos, dado que ya el pasado 18 de abril enviaron a todos los centros concertados el acuerdo plenario y la inspección tiene directrices para supervisar el cumplimiento de la legalidad.

Ha recordado también que se verifica cómo se usan los conciertos públicos y que "no hay ni un solo caso" ni denuncia de ninguna familia a este respecto.

Gamarra ha tachado de "bastante infantil" que crea que puede arreglar esto "con una carta" y ha acusado a la consejera de hacer "trampas", ya que no pretendía sacar a relucir una guerra entre la educación pública y la concertada, sino denunciar una "ilegalidad manifiesta" porque así se lo transmiten familias de la concertada que están "hartas".