Podemos e IU defenderán mañana en el pleno de las Cortes una proposición no de ley con la que pretenden que el Departamento de Sanidad actúe ante "fraude y mala praxis" de la clínica iDental y dé soluciones a los afectados, al menos 300 según los expedientes que acumula la asociación de consumidores Torre Ramona.

Las diputadas de Podemos y de IU Itxaso Cabrera y Patricia Luquin han comparecido hoy en una rueda de prensa acompañadas por la presidencia de Torre Ramona, Lucía Germani, y por la portavoz de los afectados en Zaragoza, Mery Alves, quien ha denunciado el abandono de las personas "estafadas" por la clínica dental y la pasividad del departamento de Sanidad y del consejero, Sebastián Celaya.

Alves ha lamentado lo "penoso" que es ver la desesperanza de los afectados porque tras el cierre el pasado 28 de abril -como también han cerrado la mayoría de las clínicas en el resto de España-, no tienen acceso a sus historiales y no saben qué actitud tomar porque tienen que seguir pagando el contrato para sus tratamientos dentales a una financiera sin recibir ningún servicio y la administración "no hace nada" por ellos.

La presidenta de la Torre Ramona ha incidido en que este caso atenta contra la protección de los derechos económicos y a la salud y ha advertido de que la asociación acumula 300 expedientes de personas que pagan por contratos de financiación sin obtener ninguna prestación y ha iniciado una querella penal por estafa y por las lesiones que presentan algunos de los afectados.

"Esto es una emergencia sanitaria", ha remarcado Germani, quien espera que mañana los grupos, en la votación de la proposición no de ley, pongan por delante los derechos de las personas.

Luquin, por su parte, ha incidido en que ya ha pasado suficiente tiempo como para que la consejería de Sanidad hubiera actuado motu proprio ante una "estafa generalizada" de esta clínica.

iDental, ha dicho Luquin, promocionaba sus tratamientos con el lema publicitario de "asistencia dental social" y captaba clientes con escasos recursos económicos que no se pueden permitir tratamientos que podrían costar hasta 30.000 euros, al ofrecerlos con descuentos a 4.000 o 5.000 mediante la firma de contratos con financieras.

Muchos de los afectados, ha agregado Cabrera, presentan secuelas nutricionales, odontológicas y psicológicas, un caso "urgente" ante el que el Gobierno de Aragón y la consejería de Sanidad han de tomar "las riendas" porque, ha apostillado Luquin, no puede dejar "en la cuneta" a los afectados cuando la publicidad de la empresa tenía todas las autorizaciones y era "engañosa".

En la proposición no de ley, en la que Podemos e IU apuntan que más de 6.000 personas en Aragón han acudido a esta clínica y el total recaudado puede rondar los 27 millones de euros, reclaman al Gobierno de Aragón que elabore un listado de las personas afectadas y se evalúe el grado de afectación de cada una como consecuencia del fraude y mala praxis llevado a cabo por la empresa iDental.

Además, defienden que se proporcione atención a las personas con menos recursos, que han dejado de ser atendidas por la clínica o su atención ha sido deficitaria, a través de los recursos propios del Salud, de la Universidad en la Facultad de las Ciencias de la Salud y del deporte en el Grado de Odontología en Huesca o mediante un acuerdo de colaboración con el Colegio de Odontólogos de Aragón.

Revisar la autorización de su publicidad en todos los medios de comunicación, especialmente en los públicos, y regular adecuadamente la normativa actual de apertura y funcionamiento de centros o empresas sanitarias, sobre todo las dedicadas a sectores no cubiertos íntegramente por la sanidad pública, son otros de los puntos incluidos en la proposición no de ley.

Además, ha concluido Cabrera, reclaman que se convoque de inmediato la Comisión Interdepartamental de Consumo y Sanidad para que se pongan en marcha las medidas reclamadas y se evite otro caso similar en el futuro.

Alves ha anunciado que los afectados se concentrarán a las 16.30 horas ante el palacio de la Aljafería, con motivo del debate de esta iniciativa y el día 22, a las 10.00 horas, ante la consejería de Sanidad para exigir a Celaya soluciones.