El grupo de Podemos en las Cortes de Aragón defenderá una enmienda en el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 que reclama una moratoria para el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) hasta la consecución de un acuerdo negociado con la sociedad aragonesa.
Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de la formación morada, Maru Díaz, en una comparecencia en la que ha anunciado la presentación de más de 200 enmiendas al documento presupuestario por un total de 40,5 millones de euros.
Díaz ha destacado que una de las enmiendas se dirige al articulado de la ley presupuestaria para solicitar una modificación de los ingresos, en concreto el referido al ICA, cuya suspensión cautelar ha considerado necesaria para que la "presión" que provoca su cobro no recaiga sobre los contribuyentes.
Ha señalado que este tipo de moratorias no son una "novedad" ya que se ha aplicado durante los años 2016 y 2017 al denominado impuesto del cable, que fiscaliza en especial a las estaciones de esquí aragonesa.
Respecto a los motivos de la iniciativa, la parlamentaria se ha referido a los más de 23.000 recursos presentados contra el impuesto, la existencia de una comisión de investigación abierta y el hecho, según ha resaltado, de que "hemos comprobado que este impuesto recauda más de lo que hace falta para su función".
Ha defendido, además, la movilización llevada a cabo el pasado domingo en Zaragoza por la Red de Aguas Públicas de Aragón (RAPA) contra el impuesto, subrayando que una moratoria sería un "gesto valiente" a la espera de la consecución de un acuerdo negociado con la organización de afectados.
En el turno de preguntas, la diputada ha cuestionado la cuantificación de los costes vinculados al ICA hecha por el Gobierno aragonés al no estar dirigidas las inversiones aludidas a obras del ciclo de agua a cuestiones más generales de carácter medioambiental.
Ha insistido en que la suspensión temporal tiene como finalidad que el tiempo "no corra en contra" de los contribuyentes y que sea la administración quien asuma los costes.
Maru Díaz ha expresado la voluntad de su formación de asumir los acuerdos que se adopten en la mesa negociadora constituida entre la administración y la RAPA, insistiendo en que el ICA "no puede seguir así".
"Cualquier modificación no sustancial del impuesto que sea un parche, no nos sirve", ha advertido Díaz, quien no ha descartado la posibilidad de apoyar la constitución de una comisión política y técnica en las Cortes de Aragón a propuesta del PP "si favorece que se modifique el impuesto".
En cualquier caso, ha lamentado que la iniciativa del grupo popular se derive del hecho de su "tirria" a las negociaciones que no se circunscriben a los órganos políticos y que dan cabida a la sociedad civil.
