El Grupo de Podemos en las Cortes de Aragón ha acusado hoy al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, de "invigilancia" respecto a lo que ocurre en su consejería, en relación con el cese de la directora del Instituto de Gestión Ambiental (Inaga), Marta Puente, quien ocultó al Gobierno de Aragón su implicación con una empresa de gestión de residuos.

Hoy se ha conocido, según publica Heraldo de Aragón, que Olona comunicó ayer su cese a Puente por "falta de confianza" al no haberle informado de sus "vínculos empresariales", que podrían afectar a su actual gestión, ya que figura como administradora única de una empresa, Puente y Asociados, que se dedica a la asesoría en relación con la gestión de residuos urbanos y no informó de esta circunstancia al propio consejero, según apuntan desde el ejecutivo.

Tras conocer la noticia, la diputada de Podemos Violeta Barba ha comparecido en rueda de prensa para denunciar que Olona "o no sabe lo que pasa en su departamento o no lo quiere saber o no hace nada por evitarlo", en tanto en cuanto Puente, además de no informar de su vinculación empresarial, no se abstuvo en la tramitación de un expediente relacionado con la gestión de los residuos del tranvía.

Puente, que fue directora general de Calidad Ambiental entre 2003 y 2005, concedió en 2003 una autorización de restauración a un vertedero de la empresa Surisdim para que esta pudiera seguir recibiendo residuos, autorización que se revocó en 2009.

Anteriormente, en 2008, cuando estaba desvinculada de cualquier cargo público, constituyó la empresa Puente y Asociados junto con un ex alto cargo de Surisdim, en la que figuraba como administradora única cuando fue nombrada directora del Inaga, a pesar de que la compañía está inactiva desde 2011.

Además, Puente no se abstuvo en la tramitación de un expediente para la gestión de los residuos del tranvía, y desde el Gobierno de Aragón estiman que aunque esta decisión de no abstenerse es legal, "lo prudente" es que lo hubiera hecho.

Para Barba, esta no es una "cuestión aislada" en el departamento, sino que se vienen dando circunstancias similares "de forma reiterada", la penúltima cuando se supo que el departamento firmó una adenda de un contrato, por 2.000 euros, con una empresa propiedad de la familia del consejero, ha recordado.

Por eso, ha pedido al presidente del Gobierno, Javier Lambán, que diga si considera que Olona es "la persona idónea" para dirigir la consejería, y ha enfatizado que si el ejecutivo estuviera en manos de Podemos, "probablemente" el consejero cesaría en su cargo y, en todo caso, ha recalcado que hay que exigirle "responsabilidades".

"Pero tiene que ser él (Lambán) quien lo decida", ha dicho a la pregunta de si el presidente debería tomar la decisión de destituir a Olona por este caso.

También ha lamentado que los hechos se hayan conocido por un medio de comunicación, lo que significa que hay "graves zonas de sombra" que Lambán "se empeña en mantener escondidas".

El Ejecutivo autonómico da por zanjada la cuestión con el cese de Marta Puente, que justifican en la "pérdida de confianza" por no haber comunicado sus relaciones empresariales y los pormenores de su gestión pública anterior, en la etapa en la que el aragonesista Alfredo Boné era consejero de Medio Ambiente en el gobierno del socialista Marcelino Iglesias, porque ello "podría afectar a su gestión actual".

Además, lo "prudente", insisten desde el gobierno, es que se hubiera abstenido en el informe de recurso de alzada del consejero sobre los residuos del tranvía, aunque su participación no invalide el recurso, puntualizan las fuentes, que está "bien fundado jurídicamente".