De repente, la estructura de alianzas de la política aragonesa ha dado un vuelco. Los que ayer eran aliados ahora son los opositores. Y viceversa. Las encuestas mandan y el PSOE parece muy interesado en mejorar su relación con Ciudadanos, una de las probables sumas tras las elecciones de la próxima primavera, en las que cualquier barómetro augura mayorías pendientes de un mínimo número de escaños.
El actual pacto entre los partidos de izquierdas se rompió ayer por el lado del endeble proyecto de renta básica que desde hace dos años se ha tratado de muñir en las Cortes de Aragón sin que Podemos y PSOE hayan sido capaces de entenderse. Y el presidente de la DGA, Javier Lambán, dejó la fractura en el aire mientras enviaba a su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a calmar el frente abierto con CHA en su condición de socio despistado que ha visto cómo el bloque mayoritario del Gobierno, el PSOE, acordaba con Ciudadanos un pacto por Sucesiones que, a priori, no formaba parte del argumentario inicial de la izquierda.
MALESTAR EVIDENTE
El malestar en CHA es evidente y, aunque ayer el portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, se mostró convencido de que CHA se uniría al pacto, fuentes de este partido indicaron que no aceptarán las condiciones acordadas entre el PSOE y Cs. Guillén tiró de ironía: «He visto mala cara al consejero Soro, pero será por otras vicisitudes, tenía un flemón muy grande». Al mismo tiempo, restaba importancia a la contundencia con la que el portavoz de los nacionalistas en las Cortes, Gregorio Briz, había condenado el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.
De forma improvisada y ante el revuelo causado, el gabinete de comunicación convocaba a una reunión no programada entre CHA y PSOE, sin declaraciones, pero que pretendía escenificar el entendimiento entre ambos socios. Hoy continuarán estas reuniones, ya con declaraciones, en el momento más tenso de la relación entre socios. Si no hay un acuerdo, serán las Cortes, con un amplio abanico de posibilidades, las que decidan cómo queda la reforma de este impuesto.
«No asumimos más esta tomadura de pelo». Así de rotunda se mostró la portavoz de Podemos, Maru Díaz, tras anunciar que se levantan de la ponencia de la renta básica. Una de las leyes de las que la izquierda izó bandera al principio de la legislatura termina así su tramitación. El texto llegó al parlamento autonómico hace dos años. Ya en ese momento los morados indicaron que no estaban de acuerdo en la definición de pobreza que se hacía, por considerarla anacrónica y alejada de los nuevos modelos de precariedad. Presentaron casi cuarenta enmiendas y nunca sintonizaron con la propuesta socialista. Eso provocó que en los últimos diez meses no se haya producido ninguna reunión y que hasta en dos ocasiones hayan pedido la retirada de la norma.
La diputada Amparo Bella se mostró contrariada por la paradoja que supone reformar el impuesto de Sucesiones, dejando de ingresar unos 40 millones de euros, y al mismo tiempo afirmar que no existe partida presupuestaria «para las mujeres solteras que tienen hijos, para las viudas, o para la gente precaria con dificultades».
El Gobierno de Aragón prefiere dejar que las cosas se calmen y no retirará el texto por el momento. Sin embargo, desde el PP dieron por liquidada su tramitación, y por extensión, la actual legislatura de la izquierda. «Este desencuentro evidencia la descomposición de la DGA», expresó la diputada Ana Marín.
El PP tampoco ha estado nunca de acuerdo con el texto que ha estado sobre la mesa. «Es un engaño a la sociedad aragonesa y al parlamento», indicó, al considerar que se están limitando a acordar un nuevo nombre para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).
De paso aprovechó para pedir que la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, abandone su cargo al considerar que está vinculado a los acuerdos que han saldado en mil trozos.
Ciudadanos, como novia deseada de la política aragonesa, trató de desvincular el fiasco de la renta básica de su pacto sobre el impuesto de Sucesiones. «A Podemos se les llena la boca con la emergencia social, pero luego son incapaces de sentarse y negociar», aseguró la diputada Desirée Pescador.
Guillén también criticó la actitud de Podemos. «Tiene que reflexionar, porque con su actitud está perjudicando a 3.700 aragoneses, indicó. Asimismo, lamentó «la intransigencia» de Podemos y recordó que en Valencia han aprobado una ley muy similar a la aragonesa. «Será que en Valencia la ha presentado Mónica Oltra», indicó.
