La Policía Local de Zaragoza ha intervenido hasta en 38 ocasiones en el albergue municipal en lo que va de año. En solo cinco meses -los datos son hasta el 5 de junio-, se han registrado más de la mitad de las actuaciones realizadas en el 2016, cuando fueron 69. Hasta la fecha, se han redactado nueve informes por situaciones violentas sucedidas en el interior del edificio, cuando en el año pasado el total ascendió a 11.
La gestión de estas instalaciones ha sido cuestionada por los grupos municipales como consecuencia de los episodios violentos que han salido a la luz en las últimas semanas. El último sucedió el 30 de mayo, cuando un usuario en estado de embriaguez golpeó a dos trabajadoras y a otro residente. Pocos días antes, el 6 de mayo, se produjo una presunta violación a una mujer mientras dormía en su habituación. Y el pasado 21 de diciembre, una empleada fue agredida por otro transeúnte durante el turno de noche.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, en el 2016 se registraron 69 actuaciones policiales. De estas, el grueso (29) correspondía a sanciones administrativas referidas al consumo de sustancias ilegales, insultos u otras acciones que no tienen repercusiones penales. En lo que va de año la cifra ya va por las 16.
En el caso de las infracciones legales que, por su gravedad, tienen consecuencias penales, el año pasado se contabilizaron 19. El acumulado de este año es de 8. Por otro lado, se han redactado cinco actas de intervención, frente a las diez de todo el ejercicio pasado. Este documento recoge los datos por posesión de armas o drogas, entre otros. Los propios trabajadores del centro lamentan que no exista control alguno en la entrada al albergue que evite que se puedan introducir elementos peligrosos o estupefacientes.
Desde el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) han reiterado en varias ocasiones que no está habiendo un repunte en el número de incidencias registradas. Sin embargo, tanto la plantilla como los grupos municipales reclaman al ayuntamiento más medidas de seguridad o, al menos, una revisión del protocolo tras los acontecimientos acaecidos en el interior de las instalaciones municipales. El Gobierno asegura que se contemplará en su reforma.
