Una deuda impagada que llevó a la junta de compensación de Arcosur a exigirle el pago de más de 600.000 euros a 236 familias del barrio ha derivado en una investigación policial por un posible delito de estafa y apropiación indebida de 1,2 millones de euros. Esta, supervisada por un juzgado de Zaragoza, surge a raíz de una denuncia interpuesta por estos residentes a los que se les señaló por una deuda impagada durante años y que estaba vinculada a los costes de urbanización. Pero tras esta reclamación podría existir una actuación irregular que, de momento, se centra en solo tres personas. Estas, según las fuentes consultadas por este diario, estarían vinculadas a la sociedad que se creó para promover estos bloques de viviendas, levantados en el paseo de los Arqueros -los números 15 y 21- e Invasores del Espacio.
La investigación está en manos del grupo de Blanqueo de Capitales perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, y en las pesquisas también se analiza si ha podido existir un presunto delito societario. Porque los agentes han empezado a reclamar información a todas las partes que, de una u otra manera, participaron de su construcción. Aunque solo lleva un mes abierta, ya que la denuncia fue interpuesta «a finales de enero», avanza a toda velocidad.
EL MOTIVO DE LA DENUNCIA
No obstante, la denuncia de los vecinos afectados señala claramente a los administradores de la sociedad creada para ejecutar esta promoción de viviendas. Y la cuantía que se investiga no es casual, responde al desfase de 1,2 millones de euros sobre el presupuesto inicial. Un sobrecoste que acabó repercutiendo a los hogares y cuya factura, según ha podido saber este diario, rondaba los 10.000 euros más por vivienda.
Pero el leit motiv de esta denuncia en comisaría no responde tanto al sobrecoste de los trabajos de construcción como al hecho de que, pese a haber pagado más por sus casas, con posterioridad y ya con la comunidad de bienes disuelta, los propietarios de estos pisos se enteraron de que se había dejado a deber a la junta de compensación una cantidad tan enorme, otros más de 600.000 euros, correspondientes a los gastos de la urbanización.
Esto, a juicio de estas 236 familias de Arcosur no cuadraba con las cuentas que se les habían comunicado. Así que consideran que, como mínimo, se les ocultó información. Y que el año pasado, un lustro después de este descubierto en sus obligaciones con la junta de compensación, les regresaba a ellos como un boomerang. Sin verlo venir y sin saber cómo reaccionar.
Así que en el escrito de denuncia, aparte de señalar los posibles delitos de estafa y apropiación indebida, también apunta que pudieron existir otros, como la administración desleal o la falta de información a unos clientes que, en estos momentos, solo quieren defenderse. Y por ello tenían muy claro a quién señalar, a quienes han apuntado desde que les llegó la amenaza de embargo por esa deuda con la junta de Arcosur: los administradores de la sociedad que gestionó su promoción de viviendas. Del tercer investigado por la Policía, en estos momentos, ellos desconocen la identidad.
Pero en este trasiego que ya dura muchos meses para ellos, les queda esta deuda por satisfacer y otras más que han ido descubriendo. Por la construcción de sus casas, que no quieren perder, que supuso un desembolso total de más de 40 millones de euros.
Ahora han depositado toda su confianza en el juez instructor del caso y en los avances de la Udyco, que serán los que les permitan vislumbrar una solución que no pase por seguir poniendo más y más dinero.
