Si se quiere hacer un resumen de la actualidad política aragonesa, hay que olvidar las palabras y centrarse en los números. De hecho, solo el p'alante-p'atrás de Zaragoza en Común (aunque sea en temas tan tontorrones como el de los adornos navideños de los comercios) le pone al tema algún garabato conceptual. Lo demás es aritmética: presupuestos, déficits, impagados, los 400 millones de inversión social que exige Echenique a Lambán, los 100 millones que faltan para redondear tal cifra, los 50 millones que reclama el Ayuntamiento de Zaragoza en la Ley de Capitalidad, dinero, dinero, dinero. Estaba cantado, por supuesto. Ni el consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, es capaz ya de seguir haciendo malabares en la cuerda floja, y eso que es el mejor en tan abracadabrante cometido. Esta misma semana su departamento intentó hacerles un caño a los sindicatos con el tema de la extra de los funcionarios. Y al principio pareció que colaba. Pero luego los interesados leyeron los diarios, entendieron que la paga no iba a ser presupuestada... y se dieron cuenta de que lo pactado era solo una promesa, un ya te veré. Se cogieron un rebote del tres.

Cualquier observador avispado ha llegado ya a la conclusión de que las principales instituciones aragonesas necesitan elaborar otro tipo de presupuestos. Si las cuentas se hacen año tras año siguiendo un patrón invariable, la reiterada imposibilidad de cuadrarlas obliga a un cambio total del modelo. Y no se trata, por supuesto, de recortar lo fundamental, que son los grandes servicios públicos y todos los soportes sociales, ni de hacer ahorritos rebañándoles 600 euros al mes a los diputados de las Cortes (como propone Podemos con infantil empeño). Lo que debe ponerse sobre la mesa es la sostenibilidad de institutos, sociedades públicas, subvenciones, incentivos, externalizaciones a precio de oro, burocracias inútiles, proyectos sin pies ni cabeza y una distribución del gasto más basada en la rutina que en la verdadera necesidad. La política, hoy, consiste en priorizar objetivos, obtener ingresos mediante una fiscalidad progresiva, organizar una administración eficaz e incrementar la productividad del sector público.

O sea... todo lo que nunca se plantearon los gobiernos autónomos PSOE-PAR, que disfrutaron de una irrepetible época de abundancia, ni mucho menos el último Ejecutivo PP-PAR, cuya proeza consistió en devaluar la sanidad, la educación y todos los servicios sin conseguir controlar el déficit sino todo lo contrario. O lo que hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza el propio Gimeno, escondiendo impagados y deudas bajo las alfombras, a base de filigranas contables y muchísima labia.

Los números se nos comen.