La okupación de la cárcel de Torrero está de celebración y eso les puede pasar factura. La fiesta organizada el pasado fin de semana por su séptimo aniversario, con fuegos artificiales incluidos, ha llevado al grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza a lanzar un ultimátum al responsable de urbanismo, Pablo Muñoz, anunciándole que denunciará lo ocurrido ante la Policía Local primero y, si no les desaloja de forma urgente, llevará el asunto «a la Fiscalía», y que si va al juzgado «no será para pedir el desalojo» del edificio municipal, sino para exigir responsabilidades al edil de Zaragoza en Común (ZeC).
«El PP no va a prevaricar en común. Han cruzado una línea roja y si no hacemos nada la estaremos cruzando con ellos», defendió el concejal conservador Pedro Navarro, exhibiendo imágenes de cómo se lanzaron fuegos artificiales desde los forjados del edificio que ningún técnico municipal sabe si están en mal estado porque, sencillamente, les impiden la entrada los okupas.
Pero su denuncia iba más allá, porque esas imágenes también mostraban cómo hubo menores en la fiesta organizada en su interior, en un edficio que podría estar en riesgo por su estado; o las consecuencias que sufrió un bloque de viviendas de alquiler que pertenece a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, con pintadas y desagradables rastros en sus portales; o los daños sufridos por edificios próximos por los propios fuegos.
Pero el consistorio no desaloja ni puede inspeccionarlo por dentro. Por contra, ha contratado a una empresa para arreglar el tejado. El andamio está instalado.
Muñoz solo aseguró que lo va a investigar y que dará cuenta al pleno del coste final de esas obras en la cubierta.
