La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, alertó ayer sobre la pérdida de calidad del transporte sanitario urgente una vez que entre en vigor el nuevo contrato, a partir de agosto. «Reduce los vehículos en el territorio de 38 a 22 y mantiene al conductor como único personal fijo de la ambulancia. Lamentablemente, este no tiene capacidad de actuación durante el traslado del paciente salvo mirar hacia atrás y preguntarle qué tal está», argumentó la diputada popular.
Además, según Susín, «existen visos de ilegalidad» ya que «el contrato aprobado por el Gobierno de Aragón contraviene algún aspecto del Real Decreto 836/2012 que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera», dijo Susín, quien ya ha presentado al respecto varias preguntas parlamentarias al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya.
La popular también reclamó, además de más presupuesto, la obligación de una titulación «más exigente» para los profesionales que conducen estos vehículos. «La ley nacional establece que las personas que conducen ambulancias deben poseer el título de formación profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias y, sin embargo, los contratos que regulan la relación laboral de estos profesionales con la empresa adjudicataria figuran como conductores y camilleros, independientemente de que hayan obtenido el título. Esto supone una merma en su catalogación con la correspondiente disminución salarial», apuntó Susín.
CRÍTICAS A LAMBÁN
La diputada cargó contra la gestión de Lambán, a quien acusó de hacer «situaciones crónicas» en Aragón cuestiones «tradicionalmente puntuales» como la falta de especialistas en los centros sanitarios de los municipios medianos, la disminución en la cartera de servicios en los hospitales comarcales o las constantes derivaciones de pacientes de cualquier parte del territorio a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza.
