La propuesta de ordenanzas fiscales aprobada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha generado aplausos y abucheos. Mientras que PSOE y CHA salieron ayer a explicar el acuerdo alcanzado entre las fuerzas de la izquierda para el mantenimiento de la presión fiscal del bolsillo de los zaragozanos, PP y C’s manifestaron su preocupación sobre cómo afectará al tejido empresarial la subida del IBI de hasta un 7% para aquellas grandes empresas con un valor catastral superior al millón de euros.

PSOE y CHA explicaron que el resultado de las negociaciones había sido el mejor, ya que se había conseguido el objetivo principal, que era evitar una subida del recibo del IBI para las viviendas. Llamó la atención su necesidad de sacar a relucir que el acuerdo no había sido tan exprés como parece, en tan solo dos días. El propio concejal de Economía, Fernando Rivarés, admitió que había sido «muy rápido», aunque luego precisó que «no tanto como se pensaba», en alusión a las conversaciones sobre «la filosofía y los objetivos» previas al verano.

El concejal del PSOE, Javier Trívez, señaló que «hay consenso cuando los grupos nos ponemos de acuerdo rápidamente. No hay que hacer ningún tipo de teatrillo». Desde CHA, Carmelo Asensio admitió, sin problemas, que «había sido muy rápido».

Por su parte, la concejala del PP María Navarro denunció «que los tres grupos de izquierda faltan a la verdad cuando hablan de bajada o congelación de impuestos». Según Navarro, «la recaudación fiscal aumentará en cinco millones respecto al año pasado, algo innecesario cuando en el 2016 se recaudaron 22 millones más de los previstos».

La portavoz de C’s, Sara Fernández, que calificó de «tripartito de los impuestos» a ZeC, PSOE y CHA, aseguró que el Gobierno «hizo lo mismo el año pasado, mientras los datos de la Agencia Tributaria revelaban que subía la recaudación en los inmuebles de menos de 120.000 euros de valor catastral», es decir, que «a los pisos y locales más modestos se les subía el IBI», puntualizó.