Dos grupos de la oposición en la Diputación de Zaragoza (DPZ), el PP y Ciudadanos, denunciaron ayer que el plan PLUS de ayuda a los municipios de la provincia, dotado con 50 millones de euros, se ha tramitado sin buscar el consenso con todas las fuerzas políticas de la institución. Sin embargo, fuentes del equipo de Gobierno, presidido por el socialista Sánchez Quero, replicaron ayer que el presupuesto se ha negociado en un proceso en el que se ha tenido en cuenta la opinión de la oposición y de los propios ayuntamientos.
El PP emitió ayer un comunicado en el que lamentaba que el PLUS hubiera salido adelante «sin consenso con los grupos políticos ni la más mínima información sobre su contenido y sobre las novedades». Los populares reprochan a Sánchez Quero que no haya cumplido su promesa de consensuar todo lo posible la convocatoria, de la que dicen haberse enterado «por los medios de comunicación».
El Plan Unificado de Subvenciones, una herramienta presupuestaria que agrupa más de 30 ayudas dispersas, tiene como objetivo que los municipios cuenten con recursos para acometer los pagos y obras pendientes con antelación suficiente, de forma que puedan elaborar sus proyectos sabiendo de antemano con cuánto dinero contarán.
Por Ciudadanos, la diputada Elena Martínez lamentó que «una vez más en la DPZ se gobierne como si fuera un cortijo, a golpe de titular y sin contar con los grupos políticos».
La portavoz de esta formación en la corporación provincial considera que el Gobierno de la institución «ha incumplido su compromiso de consensuar e informar adecuadamente sobre el contenido y las novedades de la nueva convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones».
El PLUS fue presentado a todos los municipios de la provincia antes del verano, en un acto que tuvo lugar en la Ciudad Escolar Pignatelli y en el que distintos expertos explicaron a los asistentes las características del plan.
El objetivo del PSOE y sus socios de gobierno, En Común y Chunta Aragonesista, es crear una herramienta presupuestaria que no se base en el amiguismo a la hora de repartir los fondos de que dispone la institución para ayudar a los municipios.
Se establece un baremo que tiene en cuenta el número de habitantes, pero al mismo tiempo se fija una cantidad fija para cada pueblo y ciudad. Este nuevo sistema fue aplaudido al principio, pero no faltaron los municipios, como Calatayud, que se sintieron perjudicados por el nuevo método de reparto de los fondos.
