El Gobierno del PP dejó a Aragón aferrada al suspenso en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Según los últimos datos ofrecidos ayer por el Observatorio Estatal por la Dependencia, correspondientes al pasado mes de julio, la comunidad sacaba la tercera nota más baja (3,75) del país, solo mejor que la Comunidad Valenciana (1,25) y Madrid (3,33), lo que confirma el notable retroceso registrado en Aragón en este ámbito a lo largo de los últimos años.

Solo cinco comunidades aprobaban en la escala de valoración del Observatorio --elaborado periódicamente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales-- y tres destacaban con calificaciones notables --Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50). Dos más se situabann entre el aprobado y el notable --Extremadura (6,67), La Rioja (6,67)-- y seis rozaban el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia. Baleares (3,75), Canarias (3,75) y Murcia (3,75) también suspendían.

Pero, a lo largo de los últimos meses, Aragón ha conseguido frenar la caída e invertir la tendencia. Según anunció recientemente el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, en septiembre fueron atendidos 188 dependientes más y en octubre otros 297, con lo que los datos actuales alcanzan los niveles de noviembre del 2014.

MÁS DINERO Además, el 1 de enero del 2016 se incorporarán al sistema 8.000 personas más que tienen derecho a la prestación y el Gobierno aumentará en 7 millones de euros la partida presupuestaria destinada a financiar las prestaciones vinculadas al servicio y cuidados en el entorno familiar.

A nivel estatal, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura y unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera, lo que supone un incremento de 156.761 personas desde julio del 2012.

El informe subraya que el sistema finalizó la legislatura con 1.178.483 personas que tenían reconocida su situación de dependencia (el 2,5 % de la población). Esto supone que hay 105.197 personas menos valoradas como dependientes con respecto al 2012.

Directores y gerentes denunciaron, asimismo, que la aplicación del nuevo baremo ha supuesto que actualmente haya 64.211 grandes dependientes menos, mientras que ha aumentando un 5 % el número personas valoradas que no obtiene grado (21,5%). El SAAD no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34 % de sus potenciales beneficiarios y la lista de espera ha crecido en 156.761 personas.