La diputada del PP Marián Orós ha insistido hoy en que Aragón tiene "mucho que hacer" en materia de transparencia, ya que un informe de Transparencia Internacional con datos de 2016 la sitúa como la tercera peor comunidad autónoma en esta materia y la peor en derecho a la información.

En rueda de prensa, Orós ha recordado que con la Ley de Transparencia aragonesa, de la que se cumple un año de su efectiva puesta en marcha, el Ejecutivo "lo tenía todo a su favor", al ser "una de las mejores" a nivel nacional y nacer con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Ha subrayado también que la transparencia es, después del empleo, la segunda preocupación de los aragoneses y que el Gobierno transmite "desgana", "opacidad" y "falta de compromiso" con respecto a ella, porque "no saben", "no quieren", "no les interesa" o porque "funcionan más a gusto sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas".

Orós ha apuntado también que se debe cumplir "por convicción" con la transparencia y no "tarde y mal", y que supone una de las herramientas para recuperar la confianza que la ciudadanía aún no tiene en la clase política.

A su juicio, el Gobierno de Aragón suspende "de manera estrepitosa" en esta materia, que va "mucho más allá" de una página web, y ha exigido que se ofrezca una información veraz, accesible y sencilla, que se actualicen los datos en tiempo y forma y que se contesten las preguntas, quejas o sugerencias que los ciudadanos formulen.

Como prueba, ha informado de que una ciudadana ha venido planteando voluntariamente durante 2016 una misma pregunta al Gobierno autonómico sobre los asesores, sus nombres, currícula y funciones, a lo que en las dos primeras ocasiones le contestaron remitiéndola al portal de transparencia y la última ni siquiera encontró respuesta.

La diputada popular ha asegurado que esa información sí que está disponible, pero que el acceso a la misma no es fácil y que otros datos como la agenda de los consejeros y altos cargos, las campañas publicitarias, las últimas modificaciones presupuestarias o la evolución de la deuda y el endeudamiento por habitante más allá de 2014 no existen.

Del mismo modo, ha recordado que en junio y octubre el Parlamento aprobó por unanimidad dos proposiciones no de ley impulsadas por el PP en las que instaban al Gobierno de Aragón a publicar rentas, bienes y patrimonio de sus miembros, unos datos que acabaron alojados en un lugar distinto al que pidieron, como es la web de las Cortes, y de una manera "poco accesible".

En la segunda iniciativa solicitaban al Ejecutivo que ayudara al resto de entidades locales con recursos humanos o económicos a cumplir la Ley de Trnasparencia, a lo que la única respuesta que han recibido es que retendrán los fondos locales si no aplican la norma, ha lamentado.

En palabras de Orós, el Gobierno encabezado por Javier Lambán es cada vez "más opaco", están "desganados" y ello da una mala imagen tanto a los aragoneses como al resto de España.

Ha criticado también que en 2016 el presupuesto en este área se redujo en 170.000 euros y que la ejecución a 31 de diciembre pasado indicaba que solo se habían comprometido 2,9 de los 4 millones asignados.

Así, ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado ya una pregunta escrita a este respecto y que pedirá la comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para que haga balance del primer año de ejecución de la Ley de Transparencia.