El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) vuelve a estar en el punto de mira por tratar de beneficiar a una entidad afín. Así lo denunció ayer el PP después de anunciar que el área de Derechos Sociales dio la orden de firmar un convenio con la asociación socio cultural el Cantero de Torrero para regular la venta ambulante en el rastro, con vendedores ilegales.
Según indicó el concejal del PP José Ignacio Senao, el presidente de la entidad, Adolfo Allué Blasco, es miembro de la comisión de Garantías Democráticas de Podemos Zaragoza. Desde el Gobierno de la ciudad aseguran que fue la Plataforma del Rastro, que no está legalizada porque no tiene personalidad jurídica, la que solicitó que se encargara esta asociación.
Senao denunció que en el expediente no se incluyen ni informes jurídicos ni una memoria justificativa que avalen su asignación, sino que se ha hecho «a dedo». Desde el área de Derechos Sociales están tratando de dar una salida a este tipo de vendedores.
