La diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Yolanda Vallés, ha criticado hoy el incumplimiento del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, con una de las medidas relevantes que anunció en el debate de Investidura, celebrado en julio de 2015: la reforma de la función pública en Aragón.
La actualización del texto legislativo vigente, pendiente de modificar desde que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, afecta a 72.000 funcionarios aragoneses, la gran mayoría adscritos a la Comunidad Autónoma en los ámbitos de la administración general, educación, sanidad y justicia fundamentalmente, según ha puesto de manifiesto Vallés en una rueda de prensa de la que informa el PP en una nota de prensa.
Sin embargo, agregan dichas fuentes, en estos tres años el Gobierno liderado por el PSOE "ni siquiera llegó a superar el paso previo de pactar con los sindicatos un documento que trasladar a las Cortes para su debate".
Vallés ha criticado la incapacidad de Lambán para cumplir los acuerdos y compromisos y ha insistido en que “si Aragón no tiene hoy una ley de Función Pública es exclusivamente por la falta de cintura de Lambán”.
En este sentido ha recordado cómo en 2014, como secretario general de los socialistas aragoneses, “torpedeó” el proyecto de ley del gobierno PP-PAR, que "sí había alcanzado un pacto con los sindicatos, impidiendo entonces el acuerdo básico parlamentario para aprobar una nueva ley. Y ahora que gobierna tampoco ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con los empleados públicos. Ni haces ni dejas hacer”.
La diputada del Partido Popular ha alertado sobre la situación singular en la que permanecen los 72.000 funcionarios públicos aragoneses, “los únicos a los que no se les aplican las nuevas disposiciones recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, y en sus sucesivas modificaciones, lo que supone que están a la decisión graciable de la Administración".
Según la diputada del PP, Aragón “ha sido la única Comunidad Autónoma donde la aplicación de los acuerdos nacionales en materia de procesos de consolidación de empleo y procedimientos de acceso a la función pública, están sustentados simplemente en acuerdos sindicales sin respaldo legal ni reglamentario. Y esa forma de gestión de personal ya ha sido objeto de reparo en los informes de la Cámara de Cuentas.”
La ley “nos afecta a todos” porque "los servicios públicos son prestados por personas, y garantizarles la dignidad de su trabajo es garantizar los servicios públicos”, ha sentenciado Vallés.
