La concejala del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha asegurado hoy que en la liquidación del convenio con la DGA para pagar las obras del tranvía, ésta determina el pago de 7,9 millones -frente a los casi 40 reclamados- por las dudas sobre partidas y facturas por valor de 240 millones.
En rueda de prensa, tras denunciar que el Gobierno municipal ha ocultado el expediente "de manera deliberada" y que solo pudieron consultarlo durante 20 minutos, por lo que no pueden hacer todavía un análisis detallado, ha señalado que se han planteado objeciones en varias de las conclusiones.
Así, según Navarro, la Administración autonómica indica que el Ayuntamiento no ha aportado documentación justificativa sobre cinco de los diez anexos del proyecto, por valor de 76 millones, ha detectado partidas duplicadas de más de seis millones y facturas por importe de 157 millones de euros que no es posible reconducir a ninguno de los conceptos previstos en el convenio, por lo que es improcedente su abono.
"Esto no es una pataleta del PP", ha insistido, ya que todavía no se conoce el coste final de la línea 1 del tranvía, además de no entender la "opacidad" con la que ha actuado ZeC "para ocultar gestiones anteriores", ya que dicho documento salió del Gobierno de Aragón el 20 de diciembre de 2016.
Por su parte, su compañero de filas Sebastián Contín ha definido el documento como un "conjunto de folios desordenados y de carácter muy técnico", del que solo pudieron tomar alguna nota por el poco tiempo del que dispusieron y porque estaban vigilados en todo momento por un funcionario.
Ha acusado también al Gobierno de ZeC de extraer la liquidación del convenio sobre la línea 1 del tranvía del expediente, lo que ha tachado de "demencial".
Se trata del "enésimo escándalo de cómo se gestionaron las obras del tranvía, la obra más oscura que ha tenido Zaragoza", con la que ahora "el Gobierno del streaming" está haciendo "todos sus esfuerzos" para evitar que se conozca el coste total del proyecto.
Asimismo, ha afirmado que consta un acuerdo de confidencialidad con el Gobierno autonómico precisamente para ocultar esta liquidación, ante lo que ha sostenido que no concurren razones para denegar una copia.
Por todo ello, los populares preguntarán mañana al consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, sobre este asunto para que explique por qué se ha ocultado esta información y por qué la DGA va a pagar menos de 8 millones de los 40 reclamados.
