Los diputados de las Cortes no buscarán responsabilidades políticas por los crímenes de Teruel. Podemos retiró ayer a última hora su propuesta para crear una comisión de investigación al considerar que con el triunfo de la moción de censura se abre una nueva vía más ambiciosa en el Congreso de los Diputados para analizar si las autoridades actuaron con corrección. Sin embargo, el PP dijo que estaban haciendo un uso «partidista del dolor de las víctimas» y pusieron sobre la mesa buena parte de las polémicas que han salpicado a los morados en la legislatura. «Ustedes no pueden jugar al juego que están jugando», afirmó el diputado Antonio Suárez.
El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, consideró que retirar la propuesta de comisión de investigación es necesario al considerar que con la moción de censura contra Mariano Rajoy se abre «una ventana de oportunidad» para llevarla a un Congreso que hasta ahora estaba dominado por la mayoría popular.
Suárez afirmó que en la intención de Podemos está «alentar a la sociedad aragonesa de que ha podido haber actuaciones del delegado del Gobierno, el subdelegado o el ministro que pudieran haber tenido influencia en el asesinato de tres personas». Y repitió por tres veces que buscaban dejar «esa mierda» en el recuerdo de la gestión.
Además se preguntó qué hubiera sucedido «si el PP hubiera pedido una comisión de investigación para saber la relación suya y la de Podemos con el presunto asesino de Victor Laínez», algo que provocó reproches y un aumento de la tensión con los diputados de izquierdas.
En esta argumentación también mezcló las polémicas del viaje a Nueva York, el de Chile durante la riada en Zaragoza o la compra del chalet de Pablo Iglesias.
La diputada del PAR, Berta Zapater, también afirmó que la maniobra de Podemos implicaba «jugar con el dolor de las personas» y que Escartín estaba «usando el sufrimiento humano para vender un titular».
Tanto el PSOE como CHA, IU y Ciudadanos vieron positivo que el triple crimen se investigue en el Congreso de los Diputados al considerar que la falta de inversiones en materia de seguridad en el medio rural pudo haber dificultado la gestión de un suceso que acabó con dos guardias civiles y un vecino de la zona asesinados.
